Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel y otros s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 30/2015

¿Quién es el actor?

Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

¿A quién se demanda?

Concejo Deliberante de San Miguel y la Municipalidad de San Miguel.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción originaria de inconstitucionalidad contra la ordenanza 30/15 (9-12-2015), solicitando medida cautelar suspensiva por presunta vulneración del derecho a negociación colectiva y estabilidad en el empleo municipal, y por la omisión de mención de la ley 14.656 y la incorporación de figuras como disponibilidad, destajistas y personal temporario.

¿Qué se resolvió?

Rechazó la medida cautelar solicitada por el Sindicato y ordenó registrar y notificar la resolución.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La ordenanza cuestionada no suprime los instrumentos de negociación colectiva sino que, antes bien, los contempla en su art. 2 como fuentes jurídicas en la relación de empleo público; estipulando un correlativo derecho a exigirlos por parte de los agentes municipales de acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 inc. 'u'."

"En efecto, sin perjuicio del innegable sustento constitucional del que goza el derecho de los empleados públicos a la 'negociación de sus condiciones de trabajo' (art. 39 inc. 4°, Const. prov.), en la especie la afectación denunciada por la actora carece —prima facie— de la contundencia necesaria para resultar verosímil."

"Ello así, pues el art. 1 de la ley 14.656, desde su jerarquía normativa, califica como de orden público al contenido de sus secciones I y II, razón por la cual —tal como expresa el propio accionante en su demanda— es evidente que la falta de alusión de dicho plexo en la ordenanza no puede tener efectos abrogatorios o excluyentes del mentado régimen, de modo tal que se traduzca en una situación de desamparo contraria a los derecho constitucionales de los agentes municipales."

Además, el Tribunal sostuvo que varias de las impugnaciones "escapan del marco de impugnación reservado a esta vía" y que para determinar si la ordenanza vulnera el mandato constitucional se requiere "un mayor caudal de elementos de valoración, los cuales sólo podrán ser integrados al proceso como resultado de su propio desarrollo", por lo que en esta instancia cautelar no procede la suspensión solicitada.