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Tribunal Superior

Oporto, Juan Antonio c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

El actor reclamó indemnización por la privación preventiva de la libertad sufrida durante 6 meses y 19 días. La Corte, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario y confirmó la doctrina según la cual los actos judiciales lícitos no generan responsabilidad estatal indemnizatoria salvo error judicial o ilicitud demostrada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-71868
Recurso extraordinario Detencion preventiva Indemnizacion Error judicial Responsabilidad estatal Art. 1113 cod. civil Actos judiciales licitos Inoficiosidad de inconstitucionalidad Costas Jurisprudencia de la suprema corte (provincia de buenos aires).

¿Quién es el actor?

Juan Antonio Oporto, quien estuvo detenido y posteriormente sobreseído.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión indemnizatoria por la detención y prisión preventiva padecida (6 meses y 19 días); en primera instancia se reconoció $60.000 en concepto de resarcimiento.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor; en consecuencia quedó firme la revocación de la sentencia de grado dispuesta por la Cámara (es decir, la Cámara había revocado la sentencia de primera instancia que había concedido la indemnización).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto transcripto (extractos relevantes de la votación de la Dra. Kogan, mayoritaria):

"Este Tribunal sostiene que los actos judiciales no generan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto (A. 76.041, sent. del 23-IV-2003; A. 93.104, sent. del 5-IV-2006)."

"No advierto tampoco violación a las normas constitucionales citadas que involucran al debido proceso, ni a las de derecho internacional antes mencionadas. Así, en lo referido a estas últimas, observo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 7 inc. 3, menciona 'detención o encarcelamiento arbitrarios'... el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... se refiere al derecho de obtener reparación toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa... circunstancias todas ellas no aplicables al caso de autos, en el que... la pérdida de libertad del imputado se debió al dictado de una prisión preventiva justificada, mantenida con la debida fundamentación y a la postre revocada por una absolución final basada... en una carencia de prueba para condenar, todo lo cual aleja la posibilidad de configuración del 'error judicial' que pretende demostrar el recurrente."

Sobre requisitos de la instancia extraordinaria y doctrina legal: se advirtió incumplimiento de la carga técnica del art. 279 del Código procesal al no individualizar violación de doctrina de esta Suprema Corte y fundamentación insuficiente del agravio.

Costas: se impusieron al recurrente vencido en la instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto transcripto (extractos relevantes):

"El actor estuvo privado de su libertad durante más de seis meses hasta que finalmente... la justicia judicial lo sobreseyó totalmente por no haberse comprobado su participación en el hecho ilícito que se le imputó... corresponde reconocerle a esa irreversibilidad el derecho a una reparación económica."

"En las condiciones señaladas, juzgo que el tiempo de prisión padecido por el actor, en el marco preventivo de un procedimiento penal, debe ser indemnizado, con fundamento en los criterios de reparación que recepta la ley argentina, y en su contexto, específicamente, el que consagra el art. 1113 del Código Civil entonces vigente. El riesgo originado por la actividad judicial del Estado ha sido causa del daño sufrido por el accionante y es el factor fundante para la atribución de responsabilidad del demandado."

Conclusión del disidente: votó por la afirmativa (hacer lugar al recurso de inaplicabilidad y mantener la sentencia de primera instancia que concedió indemnización).

Fechas y montos relevantes: acuerdo y sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 19 de octubre de 2016; primera instancia reconoció $60.000 en moneda actual; detención por 6 meses y 19 días.

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