Llorens, Luis Rogelio contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78

¿Quién es el actor?

El escribano Luis Rogelio Llorens, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales haber cumplido setenta y cinco años.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda; se declaró la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y sus modificatorias, y su inaplicabilidad a la situación de hecho del escribano Luis Rogelio Llorens. Por mayoría, las costas se imponen por su orden. Cesan los efectos de la medida cautelar una vez firme la sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación... sostuvo que el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que dispone una especie de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad allí prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta arbitrario debido a su generalidad y falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (cons. 6°)."

"La arbitrariedad de la norma en cuestión surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión aludida no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto ley 9.020/78, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2 y 3)" (cons. 7°).

"Esas disposiciones posibilitan separar a los escribanos del ejercicio de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que se encuentran asegurados los medios para proceder así en los casos en que se genere una real inhabilidad de cumplir aquéllas en condiciones adecuadas" (íd.).

"El precepto impugnado '...afecta el derecho de trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional y en las convenciones internacionales incorporadas a ella por su art. 75 inc. 22...'" (cons. 8°).

Sobre las costas, el Tribunal mayoritariamente sostuvo que el allanamiento de la Provincia no reunía los requisitos para eximirla de costas y que, habiendo existido posibilidad y tiempo suficientes para remover la normativa que generó la controversia —en particular ante la precedencia de la sentencia de la Corte Suprema en causa "Franco" de 12-XI-2002 y numerosos pronunciamientos similares de esta Corte— corresponde imponer las costas por su orden: "En suma, la imposición de costas... no es una sanción al litigante vencido, sino el deber de resarcir al vencedor de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su derecho."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución fue adoptada por mayoría. El voto que abre (Genoud) propuso hacer lugar; Torres adhirió con matización sobre costas; Kogan, Soria y Maidana votaron por la afirmativa adhiriendo a los fundamentos del voto de Genoud. No hubo disidencia mayor relevante al dispositivo.