Hourquebie, Guillermo Mario contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78

¿Quién es el actor?

El escribano Guillermo Mario Hourquebie.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que dispone la inhabilidad para ejercer funciones notariales a quienes alcancen la edad de setenta y cinco años, y su inaplicabilidad a la situación del actor.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda originaria; se declara la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y sus modificatorias y su inaplicabilidad a la situación del escribano Guillermo Mario Hourquebie. Ordenó al Ministro de Justicia que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con ese artículo. Una vez firme la sentencia, cesan los efectos de la medida cautelar previa (resol. 21/10/2022). Por mayoría, las costas se imponen por su orden. Se regulan honorarios para el letrado del actor en 52 Jus más recargos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"la Corte Suprema de Justicia de la Nación... sostuvo que el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que dispone una especie de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad allí prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta arbitrario debido a su generalidad y falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (cons. 6°)."

"la arbitrariedad de la norma en cuestión surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión aludida no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto ley 9.020/78, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2 y 3)" (cons. 7°)."

"esas disposiciones posibilitan separar a los escribanos del ejercicio de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que se encuentran asegurados los medios para proceder así en los casos en que se genere una real inhabilidad de cumplir aquéllas en condiciones adecuadas" (íd.)."

"la limitación impuesta a los escribanos por el solo hecho de llegar a los 75 años les impondría en la práctica una incapacidad de trabajar, ya que no es concebible que después de haber dedicado su vida a la actividad notarial tengan entonces que iniciar otra nueva y diferente para la cual obviamente no estarían preparados" (cons. 9°)."

En cuanto a costas, el Tribunal sostuvo que el allanamiento de la Provincia no fue suficiente para eximirla: "el allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno no reúne las notas exigidas por la referida norma y su doctrina... la Provincia demandada pudo remover la legislación que lo afecta y no lo hizo, obligándolo a iniciar la presente acción... las costas deben ser soportadas por la demandada (art. 70 inc. 1 in fine y sigs., CPCC)."