Martín, Pilar Susana contra Provincia de Buenos Aires - Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78

¿Quién es el actor?

La escribana Pilar Susana Martín.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Asesor General de Gobierno.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que impone la inhabilidad para el ejercicio de la función notarial al cumplir setenta y cinco años.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda; se declaró inconstitucional el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y sus modificatorias, y se declaró su inaplicabilidad a la situación de hecho de la escribana Pilar Susana Martín. Se ordenó al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con el alcance de esa norma. Una vez firme, cesan los efectos de la medida cautelar otorgada el 13/4/2023. Por mayoría, las costas se imponen por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación ... sostuvo que el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que dispone una especie de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad allí prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta arbitrario debido a su generalidad y falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (cons. 6°)."

"Dijo en su sentencia que '...la arbitrariedad de la norma en cuestión surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión aludida no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto ley 9.020/78, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2 y 3)' (cons. 7°)."

"'...esas disposiciones posibilitan separar a los escribanos del ejercicio de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que se encuentran asegurados los medios para proceder así en los casos en que se genere una real inhabilidad de cumplir aquéllas en condiciones adecuadas' (íd.)."

"En suma, la imposición de costas en el ordenamiento procesal analizado no es una sanción al litigante vencido, sino el deber de resarcir al vencedor de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su derecho. En tal entendimiento, el allanamiento en las condiciones precedentemente apuntadas, carece de aptitud para determinar la exención pretendida por el señor Asesor General de Gobierno toda vez que la Provincia demandada dio lugar a la presente reclamación, sin que a la fecha de esta sentencia se hubieran modificado las disposiciones normativas que motivaron el inicio de la controversia."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Torres hace lugar a la acción y propone imponer las costas a la Provincia por no reunir el allanamiento las condiciones para eximirlas; el Dr. Soria adhiere al pronunciamiento de inconstitucionalidad pero entiende que el allanamiento fue real e incondicionado y vota por imponer las costas "por su orden". Los Dres. Genoud, Kogan y Maidana adhieren al voto del Dr. Soria. El bloque dispositivo final coincidente con la mayoría declara la inconstitucionalidad y dispone la imposición de costas por su orden.