Ferreres, Alberto Raúl c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Alberto Raúl Ferreres, médico especialista (becario) que se desempeñaba como Coordinador/Director Docente en el Hospital Zonal de Agudos Dr. Carlos Bocalandro.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud y autoridades del Hospital Bocalandro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución que declaró la caducidad de su beca (cesantía), la anulación del rechazo del recurso administrativo, su reincorporación a las funciones que desempeñaba y el pago de daños y perjuicios (daño patrimonial y moral). Petición de medida cautelar para su mantenimiento en funciones y continuidad del cobro de la beca (acogida cautelarmente en 2002).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente a la demanda; se anulan los actos administrativos impugnados; se ordena la reincorporación definitiva del Dr. Ferreres al programa de becas del Ministerio de Salud conforme el marco reglamentario aplicable; por mayoría se condena a la Provincia al pago del 25% de las sumas que debió percibir en concepto de beca desde la separación hasta su reingreso precautorio y al pago de $7.000 por daño moral; costas por su orden; vencidos los plazos, cesan efectos de la medida cautelar dictada anteriormente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Liminarmente, debo señalar que el telegrama por el que se notificó al actor la decisión cuestionada no expresó motivación alguna... En tales condiciones, el acto de separación aparece inmotivado."

"Es que la motivación de los actos administrativos, que constituye uno de los requisitos esenciales (art. 108, dec. ley 7647/1970) cumple dos finalidades: que la Administración sometida al derecho en un régimen republicano dé cuenta de sus decisiones y que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas, permitiendo así una suficiente defensa de los afectados... Es decir, la expresión de las razones que llevaron al dictado del acto es un deber para la Administración..."

"Comprobado, pues, que el acto aquí enjuiciado contiene vicios que lo invalidan, es propio disponer su anulación y atendiendo a la condición de becario del actor de autos, dejar debidamente aclarado que la reincorporación que aquí se ordena debe efectuarse conforme el marco reglamentario en que se encuadra la actividad del actor."

¿Cómo votaron los jueces?

La solución mayoritaria (votos de Negri, Genoud, Hitters, Pettigiani, Kogan, de Lázzari y Soria) declaró la nulidad del acto por falta de motivación y por violación del derecho de defensa en el procedimiento disciplinario, ordenó la reincorporación al régimen de becas y fijó la indemnización patrimonial en 25% de las sumas no percibidas y $7.000 por daño moral. No existe voto de minoría que modifique el dispositivo final; las precisiones de algunos votos (p. ej. Hitters) solo matizan la regla de subsanación de vicios administrativos, pero la mayoría resolvió la nulidad y las condenas indicadas.