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Tribunal Superior

Aprea, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Decreto ley 9020/78

El escribano Carlos Aprea promovió acción por inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 por disponer inhabilidad a los 75 años. La Corte provincial hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que la Provincia se abstenga de aplicar dicha norma respecto del actor hasta pronunciamiento definitivo, con caución juratoria.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
I-74250
Inconstitucionalidad Medida cautelar Notariado Edad limite 75 anos Decreto-ley 9020/78 Caucion juratoria Presuncion de constitucionalidad Precedente c.s.j.n. franco Competencia corte provincial Cautelares administrativas.

¿Quién es el actor?

El escribano Carlos Alberto Aprea, notario titular del Registro de Escrituras Públicas N° 19 del Partido de Merlo.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1° del decreto-ley 9020/78 (t.o. decreto N° 8527/86), que establece la inhabilidad para el ejercicio del notariado al alcanzar los 75 años, y en subsidio se pide la suspensión cautelar de los efectos de esa norma respecto del actor.

¿Qué se resolvió?

Se ordenó, a título cautelar, que la demandada se abstenga de aplicar el art. 32 inc. 1° del decreto-ley 9020/78 en relación con Carlos Alberto Aprea hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos. Se condicionó la medida a la caución juratoria del actor por costas, daños y perjuicios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1531 “Alet Laboratorios”, res. del 6-X-1992; I. 1584 “Boehringer”, res. del 4-V-1993; I. 2380 “Moledo”, res. del 4-XI-2002; I. 3064 “Rosende”, res. del 23-IV-2003, I. 69.045 “Larumbe”, res. del 21-II-2007, entre otras)."

"Para el caso, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de la norma aquí impugnada al dictar sentencia en la causa I. 1658 “Franco”, sent. del 12-XI-2002 -revocando el decisorio de este Tribunal de fecha 16-II-2000-, postura que ha sido adoptada por esta Corte al pronunciarse en la causa B. 65.124 'Glaria', sent. del 16-VI-2004."

"En estas condiciones, es inminente la afectación de los derechos por los cuales se agravia y, dadas las características del proceso abierto a ese fin, es previsible que la norma impugnada se aplique al actor antes de la conclusión del mismo."

Dispositivo final transcripto: "Ordenar a la demandada, a título cautelar, que se abstenga de aplicar en relación al escribano Carlos Alberto Aprea, notario titular del Registro de Escrituras Públicas N° 19 del Partido de Merlo, lo dispuesto por el art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en autos (arts. 230, 232 y concs. del C.P.C.C.). ... Lo anterior, bajo responsabilidad de la accionante, quien previamente deberá dar caución juratoria, en Secretaría, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo contiene el voto añadido del juez Negri, quien recuerda su posición en la causa "Franco" y adhiere a lo decidido por los colegas, explicando: "En oportunidad de emitir opinión en la causa I. 1.658, 'Franco', sent. del 12-II-2000, sostuve -en voto minoritario- la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1º del decreto-ley 9020/78 y sus modificatorias. Tal pronunciamiento fue luego receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el decisorio de fecha 12-XI-2002 ... Expuesto ello y toda vez que lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto 3 ha sido adoptado conforme la doctrina expuesta en aquel precedente, doy mi voto en igual sentido."

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