Sansevero, Roberto contra ETV S.A. y otros . Despido

¿Quién es el actor?

Roberto Sansevero.

¿A quién se demanda?

ETV SA (empleadora) y las codemandadas Medical VIP SA y SIFEME SA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

créditos laborales (saldo de febrero 2007, salarios adeudados de marzo y abril 2007, SAC, vacaciones, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, y demás rubros) y la extensión de la condena por responsabilidad solidaria fundada en la existencia de un conjunto o grupo económico e hipótesis de interposición/mediación laboral (arts. 29, 30 y 31 LCT).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por SIFEME SA y, por mayoría, revocó la sentencia de grado en cuanto extendió solidariamente la condena a SIFEME SA (y, por aplicación de la doctrina, también a Medical VIP SA según el voto del Dr. Hitters y adhesiones). Ordenó que los autos vuelvan al tribunal de origen para que, con nueva integración, renueven los actos procesales necesarios y dicten nuevo pronunciamiento atendiendo los planteos y defensas de las partes. Costas de esta instancia por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"b. Teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas estimo que la decisión del órgano judicial de origen luce desacertada.

Ello es así porque los magistrados intervinientes se limitaron a definir, por conducto de la evaluación de las pruebas que juzgaron idóneas para acreditar la existencia de la relación entre las sociedades demandadas, el hecho de su integración como grupo o conjunto económico de carácter permanente. En ese contexto, queda resaltado que el órgano judicial de grado soslayó todo análisis destinado a definir si, en esa conformación, mediaron asimismo las 'maniobras fraudulentas' o la 'conducción temeraria' cuya configuración requiere la aplicación de la norma del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Cabe destacar, en efecto, que esta Corte reiteradamente ha declarado que del texto de la citada norma se desprende que no basta la existencia de un conjunto económico para considerar la corresponsabilidad de sus integrantes -en cuanto a las obligaciones laborales y de la seguridad social- pues resulta necesaria, además, la demostración de una conducta reprochable en la dirección de las actividades del mismo (conf. L. 82.287 'Carnevale', sent. de 4-IX-2002; L. 84.435 'Pérez', sent. de 27-IX-2006; L. 84.935 'López', sent. de 7-III-2007; L. 90.484 'Macazaga', sent. de 21-V-2008 y L. 99.061 'Sacchi', sent. de 20-V-2009)."

"2. Ahora bien, frente a la propuesta de revocación que dejo formulada -y ante la necesidad de resolver definitivamente la controversia suscitada con motivo del reclamo de la extensión solidaria de la condena (art. 289 ap. 2ª, CPCC)- advierto que corresponde atender los términos del planteo ensayado en la demanda, y ello es así toda vez que, por razón del resultado favorable que el actor obtuvo en instancia anterior, se ha visto imposibilitado de renovarlo y aun de argumentar y sostener su pretensión con el contenido y los fundamentos allí expuestos.

Se trata, en definitiva, de respetar el derecho de defensa y, en ese marco -más allá de la ambigüedad de su denominación-, de actuar en esta instancia con apego al principio de apelación adhesiva, que importa admitir -precisamente- que en la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley ha de atenderse lo que ha sido oportunamente alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. causas L. 77.372 'Paz', sent. de 14-IV-2004; L. 86.972 'H.,D.', sent. de 2-XII-2009 y L. 97.513 'Rodríguez', sent. del 5-IV-2013; entre otras)."

Resultado mayoritario y práctica a seguir: la mayoría entiende que la aplicación del art. 31 LCT exige además prueba de maniobras fraudulentas o conducción temeraria, elemento omitido por el juez de grado; sin embargo, por tratarse del recurso extraordinario y para respetar la defensa, la Corte ordena que se atienda también lo alegado en la demanda (posible hipótesis de interposición/mediación laboral regulada en arts. 29 y 30 LCT) y devuelve la causa para que se practiquen las diligencias y se dicte nueva sentencia.

(Votos discrepantes/adhesiones relevantes): El voto del Dr. De Lázzari disiente en cuanto al alcance de la revocación: sostiene que la condena se mantiene firme respecto de Medical VIP SA por no haber apelado; el Dr. Hitters votó por la afirmativa pero consideró que la revocación beneficia también a Medical VIP SA; otros magistrados (Soria, Genoud) adhieren al voto de la Dra. Kogan en los términos señalados. La sentencia final se adoptó por mayoría con el alcance explicado.