Cascarini de Torre, Lydia Ethel c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Lydia Ethel Cascarini de Torre, en su carácter de causahabiente del Dr. Edgar J. Torre.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social (I.P.S.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la anulación de las resoluciones administrativas del I.P.S. del 8-VI-2000 y del 7-II-2002 que declararon legítimo y confirmaron un cargo deudor por $18.301,61 practicado a la actora; asimismo se pidió la suspensión de su ejecución (medida cautelar ya concedida en proveído de 10-XI-2004).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se anulan las resoluciones del I.P.S. del 8-VI-2000 y del 7-II-2002, y se declara ilegítimo el cargo deudor; cesan los efectos de la medida cautelar concedida el 10-XI-2004. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Bien vale recordar que el causante falleció el 29-III-1989. Aquella resolución estableció que 'a los beneficiarios que utilicen los servicios computados para el derecho al pago de la bonificación por antigüedad en otra actividad, se les deberá deducir del haber las sumas liquidadas por tal concepto' (art. 1)."

"la imposición del cargo deudor por haberes percibidos en demasía por el doctor Torre con fundamento en la resolución del I.P.S. 7/1999 resulta ilegítima. En efecto, la aplicación retroactiva de esta resolución viola lo dispuesto por los arts. 110 y 111 del decreto ley 7647/1970. El primero dispone que los actos producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga lo contrario. El segundo habilita a otorgar '... eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de terceros'. De allí que la nota que caracteriza a la retroactividad de los efectos en los actos administrativos es su excepcionalidad... La resolución del 8-VI-2000 no cumple los indicados extremos exigidos por la norma procedimental, pues pretende proyectar al pasado una decisión que es desfavorable para el interesado al afectar indudablemente sus derechos subjetivos de naturaleza previsional."

"Declarada la inaplicabilidad al caso de la resolución 7/99, la decisión que impuso el cargo deudor queda sin fundamento normativo."

"En atención a lo expuesto entiendo que corresponde hacer lugar a la demanda, anular las resoluciones dictadas el 8-VI-2000 y el 7-II-2002 en el expediente administrativo 2918-81993/1976 y, por consecuencia de ello, declarar ilegítimo el cargo deudor que por esta acción se impugna."

¿Cómo votaron los jueces?

Los señores jueces Negri, de Lázzari, Pettigiani y Kogan votaron por la afirmativa; no hubo disidencias. El bloque dispositivo final corresponde a la mayoría y ordena la solución arriba indicada.