Díaz Bancalari, José María U otro contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa.

¿Quién es el actor?

José María Díaz Bancalari (intendente durante el ejercicio 1987) y el contador Jorge Martín Torrado (adhiriendo a la demanda); posteriormente intervinieron los herederos y la cónyuge supérstite de Díaz Bancalari.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, por su Tribunal de Cuentas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 4/10/1990 que impuso una multa de A 100.000 a Díaz Bancalari y formuló cargo patrimonial actualizado por A 29.200.623,45 en forma solidaria con Torrado (hasta A 22.870.609,60) y con Mabel T. de Lacomba (hasta A 6.330.013,85); además impugnaron la resolución del 8/5/1991 que rechazó la revisión. Se solicitó dejar sin efecto las sanciones.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda en todos sus términos y se confirmaron los efectos de las sentencias del Tribunal de Cuentas respecto del cargo patrimonial y de la reserva dispuesta; se dejó constancia, sin embargo, que las multas impuestas se han extinguido por el fallecimiento del sancionado. Costas por su orden. Se reguló honorarios del letrado de la actora en $175.520 más porcentajes indicados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original del tribunal):

"En este sentido y tal como se pronunciara este Tribunal en la causa B. 53.722, 'Aramburu', sentencia de 27-VIII-2020, cabe acotar que la naturaleza jurídica de una sanción no se determina por el tipo de prestación o consecuencia en que esta consiste, sino por la naturaleza jurídica del deber infringido, antecedente lógico de toda sanción."

"Como necesaria consecuencia del deceso del actor Díaz Bancalari debo señalar que, en el sub examine, las imputaciones de incumplimiento de normas legales y reglamentarias por las que se le impusiera una multa de A 100.000 en el artículo cuarto de la resolución del Tribunal de Cuentas del 4 de octubre de 1990, se han extinguido naturalmente por la razón aludida precedentemente..."

"Por los fundamentos expuestos precedentemente juzgo que debe rechazarse la pretensión de la parte actora. En consecuencia, en la medida indicada al principio de la presente, deben mantenerse los efectos de las sentencias del Tribunal de Cuentas impugnadas con relación: 1) al cargo patrimonial impuesto en el artículo quinto de la resolución del día 4 de octubre de 1990 ... y 2) a la reserva dispuesta en el artículo séptimo de la misma resolución."

Razonamiento principal: la Corte sostuvo la competencia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar cuentas municipales y para formular cargos patrimoniales; sostuvo que los demandantes no acreditaron los extremos exigidos por el art. 95 de la ordenanza general 207 (falta de idoneidad, ausencia de prueba de la prestación y falta de personal municipal), y que correspondía mantener el cargo patrimonial; rechazó prescripción y alegaciones sobre incompetencia temporal y sobre la imposición de intereses; precisó que la multa administrativa es sanción de naturaleza personal y se extinguió por la muerte del sancionado, mientras que el cargo patrimonial (deuda) es transmisible a los herederos.

¿Cómo votaron los jueces?

decisión por mayoría/unanimidad (los cuatro miembros votaron por la negativa conforme al voto que abre el acuerdo y los restantes adhirieron).