Cejas, Raúl Ernesto c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
El actor reclamó la anulación de resoluciones administrativas y el pago retroactivo del subsidio para ex combatientes previsto por el decreto 4524/1990. La Corte hizo lugar parcialmente, anuló los actos impugnados y ordenó la liquidación y pago retroactivo desde el 1‑XI‑1990 hasta el 31‑XII‑1994, con actualización e intereses; rechazó el daño moral por falta de prueba.
¿Quién es el actor?
Raúl Ernesto Cejas, por propio derecho.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la Resolución Ministerial III‑512/96 y reconocimiento del derecho al cobro del subsidio para ex combatientes previsto en el decreto 4524/1990 con retroactividad desde noviembre de 1990 a diciembre de 1994, más actualización monetaria e indemnización por daño moral.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar parcialmente a la demanda; se anulan las resoluciones impugnadas y se condena a la Provincia de Buenos Aires al pago de la liquidación del subsidio con retroactividad desde el 1‑XI‑1990 hasta el 31‑XII‑1994 según pautas fijadas (80% desde 1‑XI‑1990 hasta 1‑VIII‑1991; 180% desde 1‑VIII‑1991 hasta 31‑XII‑1994), con actualización por IPC e intereses según ley 23.928 y ley 25.561; se rechaza la pretensión de daño moral por falta de prueba. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El decreto 4524/1990 en su art. 1° establece 'a partir del primero de noviembre de 1990 para el personal de la Administración Pública Provincial que acredite la calidad de ex combatiente, que haya actuado en las acciones bélicas en el teatro de Operaciones del Atlántico Sur por la recuperación de las Islas Malvinas, un subsidio mensual equivalente al 80% del sueldo básico de la Categoría I -ingresante- de la ley 10.430, con un régimen horario de 30 horas semanales de labor'.
Entiendo que no se ajusta a derecho el criterio empleado por la Administración en cuanto consideró que la fecha de acreditación de la documentación respectiva era la que determina en este caso, el alta en el cobro del beneficio. Alentar esta interpretación sería forzar el texto y espíritu del decreto, que sólo hace mención a la documentación a los efectos de acreditar y corroborar la calidad solicitada.
En el caso, la norma expresamente establece la fecha a partir de la cual debe liquidarse el subsidio para aquéllos que reúnan las condiciones exigidas, no pudiendo supeditarse su goce a la acreditación de la calidad de ex combatiente, pues no se desprende que sea esa la voluntad de quien lo emitió. ... Por las consideraciones expuestas, juzgo que asiste razón al actor y por consecuencia deben anularse los actos cuestionados y reconocer el derecho al cobro del subsidio previsto en el decreto 4524/1990 a partir del 1‑XI‑1990."
"Resulta entonces que la pretensión de retroactividad planteada, deberá ajustarse al siguiente parámetro: del 1‑XI‑1990 hasta el 1‑VIII‑1991 -conforme decreto 4524- corresponde liquidar el 80% sobre el sueldo básico de la categoría I -ingresante- de la ley 10.430, con un régimen horario de 30 horas semanales de labor; y del 1‑VIII‑1991 al 31‑XII‑1994 -conforme decreto 3526- el porcentaje a liquidar sería del 180%."
"El presupuesto básico de la responsabilidad consiste en la existencia del daño, el cual debe ser probado para que adquiera sustantividad para el derecho ... Se infiere de ello, que la mera alegación del daño moral -resarcible sobre la base de la responsabilidad de la Provincia- sin que se halle acreditado con otra prueba que no surja de la falta de reconocimiento del subsidio a partir de la fecha prevista en la normativa en cuestión, resulta insuficiente para tener por probado un daño de esa naturaleza. ... El resarcimiento del daño moral supone la existencia de una lesión en la esfera más íntima de los sentimientos de las personas y en la especie, el actor no ha arrimado -ni mínimamente- elementos suficientes que permitan tener por probada la existencia de un daño de ese carácter, que como tal sea pasible de ser indemnizado. Por consiguiente, considero que ninguna indemnización le corresponde al actor en concepto de daño moral."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Kogan fue ponente y propuso la solución. Los Dres. Genoud, Hitters, Soria, Negri y Pettigiani adhirieron (mayoría) y acompañaron el pronunciamiento y los fundamentos respecto a la retroactividad y el rechazo del daño moral por falta de prueba. No consta disidencia mayoritaria.
Montos/fechas relevantes: retroactividad ordenada desde 1‑XI‑1990 hasta 31‑XII‑1994; porcentajes aplicables 80% (1‑XI‑1990 a 1‑VIII‑1991) y 180% (1‑VIII‑1991 a 31‑XII‑1994); actualización por IPC hasta 31‑III‑1991 e intereses al 6% anual para ese período; luego intereses según tasa del Bapro en depósitos a 30 días hasta pago efectivo; pago en 60 días desde notificación.
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Leyes que cita
- Ley 10.430 de Buenos AiresEstatuto y escalafón para el personal de la administración pública
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
- Ley 25.561Emergencia publica y reforma del regimen cambiario
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