Groupierre, Victor Sergio c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Víctor Sergio Groupierre, ex presidente del Instituto Provincial del Deporte.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas (28-II-1996 y 20-XI-1996) que aplicaron una multa de $2.259,20 al actor por no remitir la totalidad de los elementos de juicio solicitados para el control del ejercicio 1994 y que declararon improcedentes los recursos de revisión. Pidió además que se deje sin efecto la ejecución de la multa (medida cautelar concedida por esta Corte y luego revocada).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda, se dejó sin efecto la medida cautelar y se confirmó la validez y firmeza del accionar del Tribunal de Cuentas, imponiendo costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La presentación hecha por el Delegado General de Administración del Instituto Provincial del Deporte de la Provincia de Buenos Aires (obrante a fs. 24 de las actuaciones administrativas), no puede producir efecto alguno ya que el peticionario no ha sido parte en tales actuaciones."

"Respecto del líbelo que interesa al señor Groupierre el Tribunal observa que '... la nota de descargo es firmada por el Delegado de la Dirección General de Administración del Instituto Bonaerense del Deporte, quien no acredita representación alguna, insatisfaciendo el primer requisito de admisibilidad formal...'."

"En virtud de ello, considero que se aleja -en el particular caso de marras- la viabilidad de un planteo como el elaborado por el actor, quién por lo demás, ni siquiera invocó la falta de motivación de los actos impugnados."

Además, la Corte sostuvo que: el deber de remitir los elementos de juicio "resulta un correlato de la 'función' del presidente del Instituto Provincial del Deporte y no de la 'persona' que desempeña tal cargo", y que el incumplimiento configura "falta grave" prevista en los arts. 16, 17 y 18 de la ley 10.869, por lo que la sanción aplicada por el Tribunal de Cuentas no resulta irrazonable ni desproporcionada.

Montos y fechas relevantes: multa de pesos dos mil doscientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($ 2259,20); requerimiento de documentación recibido 1-III-1995; primera parte remitida 25-IV-1995; notificación de la resolución sancionadora 26-III-1996; recursos de revisión declarados improcedentes por resolución del 20-XI-1996; demanda iniciada 6-II-1997; medida cautelar concedida por esta Corte el 29-XII-1997 y dejada sin efecto por la sentencia de 13- VIII-2008.