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Tribunal Superior

Di Giano, Iris Mabel c/ Municipalidad de Vicente López s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

La actora demandó al Municipio de Vicente López impugnando pronunciamientos administrativos y alegando afectación al acceso a la justicia; planteó recurso extraordinario de inaplicabilidad por la denegatoria apelatoria por extemporaneidad. La Suprema Corte rechazó el recurso por improcedente, sosteniendo que la resolución que declara caducidad de instancia se apela en cinco días (art. 55 y 56 C.P.C.A.) y que no puede invocarse inconstitucionalidad sin atacar la norma aplicada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-73745
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Caducidad de instancia Extemporaneidad Plazo de apelacion Art. 55 y 56 c.p.c.a. Acceso a la justicia Garantias constitucionales Provincia de buenos aires Costas Fecha de la sentencia: 7 de septiembre de 2016.

¿Quién es el actor?

Di Giano, Iris Mabel.

¿A quién se demanda?

Municipio de Vicente López.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se discute la prosecución de la acción frente a una resolución que declaró la caducidad de instancia; la actora apeló y la Cámara rechazó el recurso de apelación por extemporáneo. La recurrente interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuestionando el formalismo y alegando violación de garantías constitucionales (igualdad, acceso a la justicia).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Costas a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso no puede prosperar.

1. Tal como surge del escrito recursivo, la quejosa invoca como único agravio contra el fallo de la Cámara -en tanto el resto de los planteos refieren a la cuestión de fondo de la causa, materia que no puede ser considerada en el recurso bajo análisis- el supuesto formalismo en el que habría incurrido la alzada al denegar por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio que declarara la caducidad de instancia.

Sintéticamente lo que se discute es el plazo de apelación aplicable: si diez o cinco días según los dispone el art. 56 inc. 1 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo.

2. Con referencia a ello y si bien con un sustrato fáctico que presentaba matices -se trataba de una resolución que declaró la inadmisibilidad de la pretensión- este Tribunal resolvió, luego de un análisis de las normas procesales aplicables -arts. 55 y 56 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo-, que sólo la sentencia de fondo es apelable en diez días, en el resto de los supuestos el plazo para recurrir es de cinco días (conf. causa A. 71.179, "Garay", sent. de 3-X-2012), entre los que cabe incluir -claramente- a la resolución que dispone la caducidad de instancia (conf. art. 55 ap. 2 inc. "c" del C.P.C.A.).

'El hecho que el pronunciamiento atacado eventualmente pueda equipararse a una sentencia definitiva, no importa modificar el plazo para su apelación: éste será siempre de cinco días para todos los supuestos del art. 55 inc. 2' (conf. causa A. 71.179 cit.)."

"Por último, la invocación de la violación de las garantías constitucionales de igualdad y tutela judicial continua y efectiva -arts. 11 y 15 de la Constitución provincial- por haberse supuestamente impedido entrar a la cuestión de fondo planteada en la demanda, es improcedente. Tal como tiene dicho esta Corte no puede acogerse un recurso de inaplicabilidad de ley en el que se invoca transgresión de normas constitucionales, si la decisión impugnada se ha fundado en normas de la legislación vigente que en ningún momento se han tachado de contrarias a la ley fundamental (conf. causas Ac. 41.022, sent. de 20-VI-1989; C. 99.775, sent. de 18-XI-2008)."

Mayoría y votos: El acuerdo fue unánime (votos por la negativa de Soria, Negri, Pettigiani, Kogan y Martiarena). El bloque dispositivo final dispone el rechazo del recurso y costas a la recurrente.

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