Ponce, Emanuel Matías y otros c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Demanda originaria de inconstitucionalidad Resolución conjunta 460/21

¿Quién es el actor?

Varios ciudadanos (relación completa en el punto 5) actúan por sí y en representación de terceros, promoviendo acción originaria de inconstitucionalidad.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (se había incluido asimismo al Estado Nacional, pero la Corte circunscribió el objeto a la norma provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declarar la inconstitucionalidad de la resolución conjunta 460/21 (B.O. 10-XII-2021) que instituye el “Pase libre Covid”; además solicitaban medida cautelar que exima a los actores de portar dicho pase.

¿Qué se resolvió?

La Corte circunscribió la demanda a la resolución provincial 460/21; no hizo lugar a la medida cautelar peticionada; dio traslado al Asesor General de Gobierno por quince días; rechazó la habilitación de días y horas inhábiles. (Ver bloque dispositivo final reproducido íntegramente en la parte resolutiva).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Pero si eso fuese así, teniendo en cuenta que en el pasado se ha llegado a considerar que la vacunación compulsiva no viola la garantía constitucional a la autonomía individual y puede eventualmente justificar la interferencia estatal cuando se vieren perjudicados derechos fundamentales de terceros (CSJN Fallos: 335:888), parecería seguirse que se está ante una reglamentación que -prima facie analizada- no resultaría ostensiblemente conculcatoria de derechos preeminentes. Es que no avanza hasta ese extremo de imposición coercitiva, sino que, respetuosa de la decisión de los litigantes a no vacunarse, establece limitaciones y exige esfuerzos -algunos indudablemente importantes, pero siempre comparativamente menores- para no generar un riesgo adicional de contagio para el resto de las personas. Así las cosas, no se evidencia en el caso, al menos en esta etapa preliminar, la conculcación de derechos que tornaría verosímil el planteo cautelar."

"Por lo demás, en esta ponderación no puede perderse de vista la finalidad de la norma atacada, dictada en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes que lejos está de haber concluido. Según se expresa en los considerandos de la resolución conjunta, la exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población.

Claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial (CSJN Fallos: 31:273; 326:4931; 329:2552; 340:1269; 341:919; e.o.), a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo."

Además, la Corte señaló expresamente la necesidad de cautela en conceder medidas cautelares en acciones originarias por la presunción de constitucionalidad de las normas y la complejidad del análisis de fondo, y sostuvo que no se acreditó el peligro en la demora ni la verosimilitud suficiente del derecho invocado para acceder a la tutela provisional.

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue adoptada en el acuerdo que obra al final del expediente y suscripta por los jueces Hilda Kogan, Luis Esteban Genoud, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria. El bloque dispositivo final determina la resolución conforme la regla de mayoría.