Biscardi, Patricia Verónica y otros c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Inconstitucionalidad Resolución conjunta 460/21

¿Quién es el actor?

Un conjunto de particulares encabezados por Patricia Verónica Biscardi y otros, algunos representando a hijos menores, promovieron acción originaria por inconstitucionalidad.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los titulares ministeriales responsables de la Resolución Conjunta 460/21.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la Resolución Conjunta 460/21 (B.O. 10-XII-2021) que creó el “Pase libre Covid” y exigió acreditación de esquema de vacunación completo para concurrir a determinadas actividades; en sede cautelar se pidió la suspensión/exención de la exigencia para los actores.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó la medida cautelar peticionada: “No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).”

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Dado el tenor de la presentación, es claro que no basta con contrastar el precepto cuestionado con los diversos artículos de las Constituciones nacional y provincial que cita, pues más allá de su enunciado el planteo requiere, paralelamente, de un minucioso análisis tendiente a confrontar la resolución conjunta 460/21 con la lista de derechos y principios en juego, para así establecer si las autoridades provinciales se han conducido de un modo prohibido por el texto fundamental. Y esta es una tarea que no puede ser llevada a cabo con la provisionalidad inherente a la etapa liminar del juicio…”

“Siendo así, la pertinencia de la tutela requerida debe realizarse con suma cautela. Mal podría fundarse en la mera alegación del presunto 'derecho a no vacunarse' emanado del art. 19 de la Constitución nacional -que llegado el caso podría encontrarse sujeto a las normas que, como la aquí impugnada, lo reglamenten-, pues el planteo formulado exige sopesar la totalidad de los derechos en juego…”

“Por tales razones, sin que esto implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).”

Observaciones relevantes: El tribunal ponderó la finalidad pública de la norma en el marco de una emergencia sanitaria, sostuvo que la resolución no impone vacunación obligatoria sino restricciones y requisitos complementarios, y entendió que no se acreditó el peligro en la demora ni la verosimilitud suficiente del derecho invocado. Asimismo advirtió que la limitación no debe traducirse en la imposibilidad absoluta de acceso a dependencias estatales para quienes carezcan de canales alternativos.