Fernández, Julia María Teresita contra Bahía Blanca Plaza Shopping SA. Despido.

¿Quién es el actor?

Julia María Teresita Fernández.

¿A quién se demanda?

Bahía Blanca Plaza Shopping S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales; horas extras; indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; penalidades previstas por los arts. 80, 132 bis y 275 LCT; indemnizaciones previstas en leyes 24.013 y 11.653; sanción procesal del art. 53 ter ley 11.653.

¿Qué se resolvió?

se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, queda firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda por no acreditarse relación de dependencia; costas a cargo de la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Resolvió de tal manera por juzgar -por mayoría- no acreditada la existencia de la relación laboral invocada por la accionante (quien adujo ocuparse de la decoración del paseo comercial) como sustento de su pretensión."

"Juzgó probado que las facturas emitidas por la actora tenían relación con sus labores profesionales y que se incrementaban de acuerdo a la 'provisión' y no a las paritarias de Empleados de Comercio... si bien el hecho de la facturación correlativa no resultaba por sí misma demostrativa de la existencia de una relación dependiente encubierta o fraudulenta, de los testimonios... se acreditó que esta prestó servicios para otros clientes sin facturar, o utilizando la de terceros, por lo que la correlatividad de la misma resultaba relativa y valorable sólo en su vinculación con los demás elementos de juicio."

"En definitiva, ... las motivaciones que definen el contenido de la crítica se reducen a la exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, ha dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el error grave y manifiesto que constituye el absurdo... Queda resaltado, entonces, que la quejosa no pone de manifiesto el absurdo invocado, debiendo permanecer inconmovible la conclusión afincada en la valoración de los hechos y de las pruebas efectuada en la instancia de grado."

Además, el Tribunal sostuvo que la presunción del art. 23 LCT puede ser desvirtuada por prueba contradictoria y que el principio in dubio pro operario resulta inapplicable cuando no existe dudas sobre la interpretación de la ley por el juez de grado. Se rechazó asimismo la impugnación relativa a la imposición de costas y la denegación del beneficio de gratuidad (art. 22 ley 11.653), por entender que la actora no probó la relación laboral invocada.