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Tribunal Superior

Hernández, Sixto Antonio y otra c/Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/Indemnización por daños y perjuicios

Los actores impugnaron la constitucionalidad de la ley provincial 11.192 para que sus previsiones no afecten el monto indemnizatorio por la muerte de su hijo. La Suprema Corte, por mayoría, rechazó el recurso y confirmó la aplicación de la ley sobre sentencias firmes apoyándose en la doctrina de la emergencia económica y precedentes que admiten medidas transitorias que ajusten derechos patrimoniales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
AC-62749
Recurso extraordinario Inconstitucionalidad Ley 11.192 Emergencia economica Cosa juzgada Derecho de propiedad Igualdad Consolidacion de deuda Sentencias firmes Provincia de buenos aires.

¿Quién es el actor?

Sixto Antonio Hernández y Amelia Esther Taborda.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la constitucionalidad de la ley provincial 11.192 y se solicita que sus previsiones no sean aplicadas al monto indemnizatorio fijado en su favor por la muerte de su hijo (condena contra la Provincia).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y sostuvo la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 11.192 a las obligaciones consolidadas, con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los derechos garantizados constitucionalmente no son absolutos y se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14, C.N.). La Corte Suprema de la Nación, invariablemente, ha reconocido la legitimidad de la legislación de emergencia, en la proporción que lo requiera la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral, el bienestar general y aún el interés económico de la comunidad. La gravedad extrema de la perturbación social y económica y la urgencia en atender a la solución de los problemas creados, autorizan el ejercicio del poder de policía del Estado en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad."

"En autos, la aplicación de la ley 11.192 no trae la consecuencia de allanar totalmente el derecho de la actora, sino la de postergar el mismo en función de las modalidades establecidas para su ejercicio como resultado de la consolidación de pasivos estatales. Es un sacrificio impuesto al interés individual por la necesidad de preservar el patrimonio común con el que se atiende a todas las obligaciones afectadas por la ley."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 303, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

La mayoría (votos por la negativa: Laborde, Pettigiani, Hitters, Salas, Pisano, San Martín y otros que integran el acuerdo) sostuvo la constitucionalidad de la ley 11.192 por aplicación de la doctrina de la emergencia económica, el carácter de orden público de la norma y la previsión legal de vías específicas de pago y bonos. Votaron por admitir el recurso y declarar la ley inconstitucional los jueces Negri y Ghione (votos concurrentes que consideraron la afectación a la cosa juzgada y la irrazonabilidad de plazos y modalidades de pago).

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