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Tribunal Superior

Berti, Pedro Baldomero y otro c/Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mayor Buratovich Limitada y otros s/Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos

Los actores promovieron demanda por daños y perjuicios contra la Cooperativa y el Fisco provincial y se discutió la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos provincial. La Corte provincial resolvió que la ley 12.836 y sus modificatorias (incluida la ley 13.929) siguen siendo inconstitucionales y, por tanto, inaplicables al caso, porque su plazo máximo para pago resulta más gravoso que la normativa nacional.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-97484
Consolidacion de deudas Inconstitucionalidad Ley 12.836 Ley 13.436 Ley 13.929 Plazo de pago Fecha de corte Conflicto federal Provincia de buenos aires Inaplicabilidad

¿Quién es el actor?

Berti, Pedro Baldomero y otro.

¿A quién se demanda?

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mayor Buratovich Limitada y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (codemandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

daños y perjuicios y cuestiones accesorias relativas al beneficio de litigar sin gastos; en el marco del proceso se discutió la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos provincial (ley 12.836 y modificatorias) y su constitucionalidad.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, por lo que dicho estatuto legal resulta inaplicable al caso; se devuelve asimismo el resultado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

¿Cómo votaron los jueces?

"Pues bien: yendo al caso de autos –y dentro de los límites a que se puede reducir nuestro análisis-, encontramos que la ley 13.929 ha agregado al art. 16 de la ley 12.836 (que ya había sido reformado por la ley 13.436) un nuevo párrafo por el que se establece que el plazo máximo para satisfacer a los acreedores consolidados es de ciento setenta (170) meses, contados desde la fecha de corte, es decir, desde el 30 de noviembre de 2001. Esos catorce años y dos meses (calculados desde la consolidación) llevan el plazo máximo de satisfacción de las deudas al día 30 de enero de 2016.

Como la legislación nacional fija el plazo máximo en el 1° de enero de 2016, se advierte una diferencia de veintinueve días en perjuicio del acreedor (diferencia escasa, pero –sin duda- presente) que impide a la nueva normativa superar las objeciones destacadas en 'Mochi', quedando la ley siempre fuera de los márgenes establecidos por la legislación nacional, es decir, sin que se salve la tacha de inconstitucionalidad que la afectaba."

"En conclusión: con sólo establecerse en la legislación local, para el pago de la deuda consolidada, un lapso mayor (aunque por el mínimo margen señalado) al fijado por la normativa nacional, las objeciones que se formularan a su constitucionalidad siguen en pie, debiendo darse respuesta negativa a la cuestión que nos ha concitado."

¿Cómo votaron los jueces?

"Con la sanción de la ley 13.929 (B.O.P., 30-XII-2008) se contempló un plazo máximo para el pago de las obligaciones que, si bien pondría fin al estado de incertidumbre antes referido (v. pto. 1), al fijar ese límite temporal más allá del previsto por la ley nacional 25.344 (B.O., 21-XI-2000) y su decreto reglamentario 1116/2000, ha determinado una nueva restricción para los acreedores que colisiona con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires."

"En conclusión, observo que corresponde mantener la decidida inconstitucionalidad de la ley 12.836 toda vez que las modificaciones introducidas en su texto por la ley 13.929 como así también por el decreto 201/2010, hasta la actualidad, no alcanzan para purgar su incompatibilidad con la Constitución nacional. Voto por la negativa."

¿Cómo votaron los jueces?

"La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere."

"Dicho ello me hace concluir que en esta parcela, más allá del intento legislativo, tampoco se logra superar el test de constitucionalidad."

Adhesión de la señora Jueza doctora Kogan: "Adhiero al voto de mi colega el doctor Negri, haciendo propios los argumentos allí vertidos. Doy mi voto por la negativa."

Resultado del acuerdo (bloque dispositivo final): "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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