Brown, Carlos Ramón contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa.

¿Quién es el actor?

Carlos Ramón Brown, ex Ministro de la Producción y el Empleo (ejercicio 1996).

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas (actuando con la Fiscalía de Estado en la litis).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 24/05/2000 (y su rechazo de recurso de revisión del 18/10/2000) que le impuso multa global de $1.800 y cargo pecuniario solidario de $2.176,80 en el expediente administrativo 230/96 por irregularidades en rendición de cuentas (otorgamiento de pasajes aéreos a terceros, abuso en anticipos de gastos, infracciones al art. 76 inc.1 del reglamento de contrataciones, y pagos sin acreditar cumplimiento de locaciones de obra).

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda; cesan los efectos de la medida cautelar previa; se imponen las costas por su orden; se regulan honorarios a la letrada patrocinante del actor en $24.285 más adicionales legales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"IV.4.b.i. Con relación a la formulación del cargo pecuniario, si bien el actor se agravia de que no fueron identificos los profesionales contratados que utilizaron los pasajes aéreos observados por el organismo demandado, cierto es que él mismo los identifica en su escrito postulatorio. De tal modo, resulta acreditado que tuvo pleno conocimiento de la falta imputada y de los sujetos al cual esta hacía referencia (v. fs. 44 último párr., 44 vta. primer y último párrs. y 45 primer párr.). Además, reconoce que en el recurso de revisión ya los había identificado.

En consecuencia, no se advierte que se haya afectado el derecho de defensa del actor quien anoticiado del alcance de las faltas que se le atribuyeron, tuvo oportunidad de ser oído y producir la prueba que estimó conveniente durante el trámite administrativo y en esta instancia judicial."

"IV.5.b.ii. Se equivoca el actor al sostener que el anticipo de gastos es un medio de cancelación no previsto por la ley y que, por lo tanto, su utilización está permitida (cfr. doctr. causa B. 60.036, cit.).

Es preciso recordar que la sujeción de la Administración al principio de legalidad impone a sus órganos y entidades un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (cfr. doctr. causas B. 66.693, "Recovering", sent. de 6-VII-2005 y sus citas; B. 65.288, "Pasturenzi", sent. de 21-V-2008; B. 57.652, "Gamma", sent. de 5-V-2010; B. 65.285, "HS Informática SRL", sent. de 6-XI-2013; e.o.), principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público (conf. doctr. causas B. 58.903, "Jotafi Computación Interactiva S.A.", sent. de 18-VI-2014; B. 62.451, "Electropower", sent. de 18-X-2017 y B. 63.195, "Brown", sent. de 11-IX-2019).

De acuerdo a lo sostenido por este Tribunal en otras oportunidades, toda repartición estatal debe obrar en cumplimiento del principio de legalidad objetiva. La sujeción a esta directriz determina que la actuación administrativa debe encontrase acorde a las normas atributivas de competencia con sustento en las cuales han de dictarse los actos pertinentes ... En la especie, el anticipo para gastos, tal como lo reconoce el actor en la demanda, no se encontraba contemplado en el ordenamiento jurídico vigente durante el ejercicio 1996, ni expresa ni implícitamente. Por lo tanto y, sin perjuicio de la inexistencia de perjuicio fiscal al respecto, la irregularidad (incumplimiento formal) deviene irrefutable y la multa impuesta ajustada a derecho."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario que rechaza la demanda (Kogan ponente; adhieren Torres y Violini). Soria adhiere con una salvedad parcial respecto del punto IV.5.b.iv. La decisión se expone en el dispositivo final que rechaza la demanda y ordena cesar la cautelar.