González, María Cristina c/ Provincia de Buenos Aires y ot. s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
La actora promovió acción contencioso-administrativa impugnando la revocatoria de su jubilación por invalidez y la validez de la notificación por edictos. La Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, declaró nula la notificación edictal por inaplicación del art. 66 del decreto ley 7647/1970 y remitió las actuaciones a la instancia de origen para continuar el trámite.
¿Quién es el actor?
González María Cristina.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires y otros (Instituto de Previsión Social / Fiscalía de Estado como representantes de la administración).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación del acto administrativo que revocó la jubilación por invalidez y restablecimiento o reconocimiento del derecho; impugnación de la validez de la notificación practicada por edictos.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, la Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocó las sentencias de primera y segunda instancia, declaró la nulidad de la notificación del acto revocatorio (art. 66 y concordantes del decreto ley 7647/1970 y arts. 73 y 74 del decreto ley 9650/1980) y declaró admisible la demanda (art. 18 C.C.A.), remitiendo las actuaciones a la instancia de origen.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En orden a ello, cabe observar que ha sido erróneamente aplicada la ley de procedimiento administrativo por el a quo por lo cual acierta el accionante al aseverar que la notificación por edictos efectuada carece de validez... El art. 66 del decreto ley 7647/1970, solo prevé dicha forma de notificación en dos supuestos: personas inciertas y personas cuyo domicilio se ignore. Descartado el supuesto de persona incierta, cabe hacer lo mismo con el caso del domicilio ignorado, toda vez que el mismo era conocido por la Administración."
"Tal como lo ha sostenido invariablemente este Tribunal, el principio in dubio pro actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa, en tanto es el que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.). En tal sentido, debe rechazarse toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho."
"En suma, y sin perjuicio de lo que quepa resolver al momento de dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora y revocar las sentencias de primera y segunda instancia... Corresponde declarar la errónea aplicación de los arts. 66 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo y 73 y 74 del decreto ley 9650/1980, la nulidad de la notificación del acto revocatorio del beneficio jubilatorio y en consecuencia, la admisibilidad de la demanda en virtud de lo normado por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo (art. 289, C.P.C.C.)."
(Se consignan los párrafos íntegros del voto mayoritario del Dr. de Lázzari, con adhesiones de las Dras. Kogan y Drs. Negri y Hitters; los votos de los Dres. Genoud y Pettigiani fueron por la negativa.)
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