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Tribunal Superior

Fisco de la Provincia de Bs.As. c/Gómez Echebarrieta, José y otros S.H s/Apremio

El Fisco provincial promovió apremio para cobrar diferencias del impuesto sobre los Ingresos Brutos y recurrió extraordinariamente tras la declaración de prescripción por la Cámara. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario, sosteniendo que la moratoria acogida por el contribuyente solo interrumpió la prescripción respecto de la deuda expresamente reconocida y no de las diferencias presuntivas determinadas por la Dirección de Rentas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-96430
Recurso extraordinario de inaplicabilidad Prescripcion Moratoria (ley 11.253) Ingresos brutos Titulo ejecutivo (resolucion 292/1999) Derecho de defensa Notificaciones administrativas Art. 279 c.p.c.c. Costas Suprema corte (tribunal superior)

¿Quién es el actor?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

José Gómez Echebarrieta y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo (apremio) de la deuda determinada por la Dirección Provincial de Rentas por impuesto sobre los Ingresos Brutos; específicamente, diferencias determinativas que la resolución 292/1999 fijó a favor del Fisco.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco; se confirmó la declaración de prescripción hecha por la Cámara (se hizo lugar a la excepción de prescripción en la instancia anterior). Se impusieron las costas a la recurrente vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (texto original del fallo):

"Así, la citada moratoria únicamente fue eficaz como acto interruptivo de la prescripción respecto de la deuda allí reconocida expresamente por el deudor. Pero la deuda que se reclama en este expediente es otra, desde que configura la diferencia existente entre tal deuda y aquella calculada en forma presunta por la Dirección de Rentas en base a datos provistos por la D.G.I., la que no fuera reconocida por el contribuyente. De lo que sigue naturalmente que el reconocimiento inherente a la moratoria no interrumpió la prescripción de esta última obligación. Entender lo contrario afectaría gravemente el derecho de defensa del accionado de raigambre constitucional" (arts. 18, C.N. y 15, C. pcial.; v. fs. 320 vta. y 321).

"Es doctrina reiterada de este Tribunal que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene" (conf. Ac. 87.411, sent. del 11-V-2005; Ac. 91.164, sent. del 21-VI-2006; C. 90.372, sent. del 14-II-2007).

Además, el Tribunal reseñó antecedentes fácticos relevantes: el procedimiento administrativo se inició el 17 de junio de 1991; el contribuyente se acogió a la moratoria prevista en la Ley 11.253 en octubre de 1992 y pactó pago en 21 cuotas (noviembre 1992 a julio 1994), reconocimiento que fue considerado por la resolución determinativa 292/1999, la cual, sin embargo, determinó diferencias en base a datos de la D.G.I.; la Cámara entendió que las diferencias no habían sido reconocidas por el contribuyente y por ello habían prescripto al dictarse la resolución de 26 de noviembre de 1999.

¿Cómo votaron los jueces?

"No habiéndose acreditado las infracciones legales denunciadas, doy mi voto por la negativa. Con costas a la recurrente vencida (arts. 289 y 68, C.P.C.C.)." Los Dres. Soria, Pettigiani y de Lázzari adhirieron a dichos fundamentos. En consecuencia, se resolvió: "se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

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