Besson, Susana I. y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Pod. Jud.). Demanda contencioso administrativa.

¿Quién es el actor?

Seis peritos oficiales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: Susana I. Besson (psicóloga), María A. Cantore (médica forense), Ramón L. Ciacia (médico forense), Oscar A. Levato (médico psiquiatra), Eduardo H. Murphy (ingeniero mecánico) y Hugo E. Tamer.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones 909/03 y 1.233/03 que denegaron el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título (art. 41 ley 10.475), y condena a la Provincia al pago del 25% del sueldo más gastos de representación con retroactividad por el plazo no prescripto (planteado por los actores como 10 años). Se solicitó además la nulidad e inconstitucionalidad de la Acordada 2172/87 y de la resolución 835/99.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. El Tribunal consideró que la Acordada 2172/87, dictada en ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Judicial, es válida; que el art. 41 ley 10.475 exige una “inhabilitación legal” para el libre ejercicio profesional y que las limitaciones que afectan a los actores son incompatibilidades o impedimentos de dedicación, no inhabilitaciones legales equiparables a las de abogados, procuradores o escribanos; por tanto no corresponde la bonificación reclamada. Votaron por la negativa los Dres. Torres, Borinsky, Mancini y Natiello (acuerdo unánime).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El citado art. 41 dispone que: 'Establécese para [...] el personal del Poder Judicial comprendido en la ley 10.374, una bonificación por bloqueo de título. Dicho adicional será igual al veinticinco por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad...'."

"La Acordada 2172 regula el modo en que los abogados, procuradores y escribanos percibirán tal bonificación, teniendo en consideración la inhabilitación legal que estos tienen impuesta por aplicación de los arts. 3 inc. 'b' y 65 inc. 'b' de la ley 5.177 ... y 33 inc. 3 de la ley 9.020."

"Las supuestas inhabilidades denunciadas, en realidad, constituyen incompatibilidades ... que intentan evitar que se perturbe el cumplimiento de la función administrativa y se perjudique la dedicación que exige la función ... Pero de ninguna manera las enunciadas configuran inhabilidades legales como la exigida por la norma, solo se señala una limitación puntual al libre ejercicio de la profesión..."

"Como ha dicho este Tribunal en reiteradas ocasiones, la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptible de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico. Es por ello que la atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas en el orden causado..."

¿Cómo votaron los jueces?

Votación unánime de los Dres. Torres (voto fundamento), Borinsky, Mancini y Natiello por la negativa.