Seijo, Juana Dora c/Provincia de Bs.As.(I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa
La actora impugnó la denegatoria del reajuste de su haber previsional por no haberse incorporado al sueldo básico los importes de los decretos 1286/1992 y 2988/1993. La Suprema Corte hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y reconoció el derecho al cobro de las diferencias conforme al decreto 1591/2004, con intereses y pago en 60 días.
¿Quién es el actor?
Juana Dora Seijo (por apoderado).
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita la incorporación al haber básico de las sumas establecidas en el decreto 1286/1992 (y demás decretos relacionados) para el cargo de Juez de Primera Instancia (nivel 20), con pago de las diferencias devengadas desde la aplicación del decreto hasta el 30/6/1998 y sus intereses; se impugnan las resoluciones del Instituto de Previsión Social que rechazaron el reclamo y el recurso de revocatoria.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se hace lugar a la demanda, se dejan sin efecto los actos administrativos impugnados, se reconoce el derecho de la actora al cobro de las diferencias devengadas en los términos del decreto 1591/2004, con intereses hasta el efectivo pago, y se condena al Instituto de Previsión Social a cancelar el importe dentro del plazo de sesenta días. La liquidación deberá cancelarse conforme a las leyes de consolidación de la deuda pública 11.192 y 12.438. Costas por su orden. Difírese la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por los fundamentos expuestos en las causas B. 62.116, 'Defeo, Raúl Celestino c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa', sent. del 20-II-2006 y B. 62.552, 'Migliaro, Leonardo Luis c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa', sent. del 21-II-2007, por mayoría, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, dejando sin efecto los actos administrativos impugnados, reconociendo el derecho de la actora al cobro de las diferencias devengadas en los términos del decreto 1591/2004, con intereses hasta el efectivo pago y condenando al Instituto de Previsión Social a la cancelación del importe dentro del plazo de sesenta días (art. 163, Const. prov.)."
"La liquidación deberá cancelarse en los términos de las leyes de consolidación de la deuda pública 11.192 y 12.438."
En los votos que integran la mayoría los señores jueces remiten a los fundamentos y conclusiones de los precedentes citados (causas B. 62.116 y B. 62.552), por entender que las circunstancias del caso son sustancialmente análogas y que corresponde aplicar el criterio fijado en dichos precedentes.
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