Vallejo, Roberto contra Escuela Centro de Formación Profesional n°53 y/o APAND. Daños y perjuicios

¿Quién es el actor?

Vallejo, Roberto.

¿A quién se demanda?

Escuela Centro de Formación Profesional n°53 y/o APAND.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestionó la aplicabilidad/constitucionalidad del régimen provincial de consolidación de deudas (ley 12.836) respecto del caso concreto; la Fiscalía de Estado impugnó la declaración de inconstitucionalidad dispuesta en instancia previa.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revocó la sentencia de Cámara y se declaró constitucional y aplicable la ley 12.836 con sus modificatorias y los decretos 201/2010 y 304/2012; se imponen las costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Habida cuenta de que la cuestión traída a esta sede extraordinaria gira en torno a la validez constitucional del mecanismo de consolidación de deudas provinciales dispuesto por la ley 12.836, corresponde seguir el criterio establecido por decisión de la mayoría de esta Suprema Corte en las causas L. 106.273, 'Geres' (sent. del 6-XI-2013) y C. 101.994, 'Pasi' (sent. del 11-VI-2014) -entre otras- según el cual las correcciones incorporadas al sistema de consolidación de pasivos provinciales por la ley 13.929 y los decretos 201/2010 y 304/2012 superaron los reparos básicos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había expuesto, en relación con las versiones anteriores de la ley 12.836, lo que resulta suficiente para dar respuesta al sub lite (conf. art. 31 bis, ley 5.827)."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 585/591 vta., se revoca la sentencia de Cámara y se deja sin efecto la decisión de esta Suprema Corte de fs. 728/736, declarándose constitucional y aplicable al caso la ley 12.836 con sus modificatorias y los decretos 201/2010 y 304/2012, con el alcance dispuesto. Las costas se imponen por su orden (arts. 68, 2do.párr., y 289, C.P.C.C.)."

Notas sobre votos y mayorías: Cinco jueces votaron afirmativamente (De Lazzari, Negri, Pettigiani, Kogan, Soria). Aunque algunos magistrados expresaron matices sobre la aplicación del régimen a honorarios profesionales (especialmente Pettigiani y Kogan con análisis sobre accesoriedad y exclusiones), la decisión de la mayoría quedó plasmada en el dispositivo que declaró la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 12.836.