Garibaldi, Elvira Ángela contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa.

¿Quién es el actor?

La arquitecta Elvira Ángela Garibaldi.

¿A quién se demanda?

La Suprema Corte / Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99 que le aplicaron la sanción de exclusión de las listas de peritos por cinco años; subsidiariamente, declaración de inconstitucionalidad de arts. 3 y 38 del Anexo I de la Acordada 2728/96; y reclamo de indemnización por daños.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la demanda: se anulan las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99 y se deja sin efecto la sanción impuesta. Costas por su orden y regulación de honorarios para el letrado de la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En atención a las consideraciones desarrolladas, juzgo que corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda, anular las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99 que por esta acción se impugnan, y dejar sin efecto la sanción que a través de ellas este Tribunal decidió aplicar a la accionante." (voto del Dr. Soria)

"Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda, se anulan las resoluciones 1.370/99 y 2.105/99 y se deja sin efecto la sanción que a través de ellas este Tribunal aplicó a la actora." (bloque dispositivo final)

(Fundamentos de la mayoría que anuló) El juez Soria destacó que en el caso concreto "concurren elementos suficientes que permiten diferenciar el caso aquí analizado del resuelto en la causa B. 63.173, 'Di Lorenzo' ... Estas circunstancias ... generan una duda razonable en punto a la falta de intención de la actora de transgredir el régimen de inscripción..." y concluyó que las resoluciones "deben ser anuladas y dejarse sin efecto la sanción de suspensión por cinco años". Asimismo Soria rechazó el reclamo indemnizatorio por falta de prueba: "En ausencia de prueba el reclamo de daños y perjuicios no pueda ser acogido."

(Mayoría versus minoría) Votos concurrentes por la negativa (Genoud, Kogan, Natiello) sostuvieron que la actora incurrió en doble inscripción y falsedad de datos conforme al art. 38 del Anexo I de la Acordada 2728 y que la sanción prevista era la taxativa de cinco años; por ello propusieron rechazar la demanda. La decisión final siguió la postura de la mayoría que consideró anulables los actos administrativos impugnados por las razones expuestas por el Dr. Soria y adhesores.