PESOA, JORGE OSCAR S/ QUEJA EN CAUSA N° 85.716 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA III.

¿Quién es el actor?

La defensa particular de Jorge Oscar Pesoa interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.

¿A quién se demanda?

Ministerio Público Fiscal/Estado representado en la instancia (contestación a los recursos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Seobjeta la sentencia condenatoria por los hechos calificados como encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público en concurso ideal con omisión de deberes de funcionario público para favorecimiento personal (Hecho I) y extorsión en grado de tentativa (Hecho II); se denuncian omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, arbitrariedad en la valoración probatoria, violación de la presunción de inocencia, error en la calificación y desproporcionalidad de la pena.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, con costas. Se consideró que las cuestiones invocadas fueron tratadas por el Tribunal de Casación y que la defensa no acreditó graves defectos de fundamentación, desviaciones del raciocinio o juicios arbitrarios que autoricen la intervención extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.1. Frente al planteo relativo a que '...sin la negligencia de Rebeque, el delito era imposible', el Tribunal de Casación Penal se pronunció expresamente sobre el punto y lo desestimó.

En tal sentido, luego de analizar la prueba valorada por el órgano de mérito, el revisor destacó que mientras los funcionarios policiales Pesoa (subjefe de la comisaría) y Espinosa (encargada de la oficina de Judiciales cuya titularidad correspondía al imputado) '...cumplían servicio en la cancha, la entrega [del vehículo] se efectivizó por intermedio de Rebeque. Justamente Rebeque, a quien Pesoa le dio la orden de realizar la entrega y a quien apuró para que no demorara la misma, no podía acudir a Espinosa [...] En la estructura vertical y jerarquizada de la organización policial no se cuestiona la orden emitida por quien posee más jerarquía cuando éste, además, dice que el trámite previo que correspondía hacer estaba hecho, exige premura, en la situación concreta no es posible corroborar la corrección de la orden y se tiene una antigüedad de pocos meses cumpliendo la función de Oficial de Servicio. Correctamente entonces atribuyó el tribunal a Pesoa la autoría mediata de las conductas descriptas porque fue él quien tuvo el dominio de los hechos' (fs. 180 y vta.)."

"V.2. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la defensa no evidenció un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.), más que la mera expresión de su oposición genérica a la actividad valorativa merced a la cual se tuvo por debidamente acreditada la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable de Pesoa en ambos hechos (art. 495, CPP).

Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de Nación '...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado' (CSJN Fallos: 310:234), y, en el caso, el señor defensor oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado."

(Se consignan como relevantes los pasajes que describen la prueba valorada por la Sala III de Tribunal de Casación Penal: testimonios de Rebeque, Perrota, Espinosa, Aversano y de los testigos que interceptaron el vehículo; declaraciones de Pino y de sus amigos; la intervención y orden de la fiscal Salas; y la constancia del libro de guardia sobre horarios, todos elementos que, según la Cámara revisor a, acreditan materialidad y autoría).