Capaccioni, Roberto Luis contra Municipalidad de Coronel Rosales. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El actor cuestionó la exigencia de la tasa de inspección de seguridad e higiene y solicitó la nulidad del rechazo municipal a su reclamo. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia de Cámara y rechazó el recurso extraordinario, por entender que no se acreditó la prestación efectiva y periódica del servicio de inspección al comercio del actor.
¿Quién es el actor?
Roberto Luis Capaccioni.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Coronel Rosales.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pretensión anulatoria contra el rechazo municipal (Decreto 436/11) del reclamo administrativo relativo a la tasa de inspección de seguridad e higiene, por entender que no se habría prestado el servicio que justifica la exigencia de la tasa respecto del local del actor hasta el año fiscal 2011.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad y se confirmó la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda, declarando la nulidad del decreto 436/11. Costas a la recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido un razonamiento distinto al del Máximo Tribunal federal, al considerar que quien alega la falta de prestación del servicio municipal es quien debe probarla (causas I. 1.243, 'Empresa Hípica Argentina S.A.', sent. de 6-IX-1988; B. 56.454, 'Pecom S.A.', sent. de 17-XII-2003 y B. 61.397, 'Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos', sent. de 8-VII-2008), en el caso de autos tal razonamiento no resulta predicable, debido a que la prueba rendida -con independencia de quien la haya producido- resultó concluyente en cuanto a la inexistencia de la prestación, lo que autoriza a conceder deferencia a los precedentes emanados de la Corte federal en la materia."
"Con pie en tales fundamentos y ante la ausencia de prueba acerca de la efectiva prestación del servicio, declaró la inconstitucionalidad de la norma que imponía a la actora el cobro de la tasa por seguridad e higiene... Entre el año 1987, momento en que se efectuó una inspección para la habilitación del comercio por traslado... y el 2009, se realizó una sola inspección (el 21-V-2009)... Desde dicha inspección en 2009... hasta el 26 de mayo de 2011 se constató solo otra por seguridad e higiene al comercio del actor... Ello no parece reflejar un obrar diligente y responsable de la Administración en la prestación del servicio que nos ocupa..."
"En consecuencia, conforme los lineamientos aquí desarrollados y la prueba producida en autos, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto resolvió hacer lugar a la demanda promovida por el actor y declarar la nulidad del decreto 436/11, mediante el cual se rechazó el reclamo del señor Cappaccioni respecto de la tasa de seguridad e higiene aquí cuestionada (conf. arts. 279 y 289, CPCC)."
Además, cita doctrinal relevante: "endilgar al contribuyente una tarea de tal calibre 'constituiría una exigencia procesal de imposible cumplimiento que frustraría el derecho sustancial' (Fallos: 319:2211, cons. 5°; y causa Q.20.XLVII, 'Quilpe S.A.', Fallos: 335:1987)."
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