Ordoñez, Liliana Raquel contra Provincia ART S.A. Materia a Categorizar.
La actora reclamó diferencias de prestaciones dinerarias por enfermedad profesional (síndrome de túnel carpiano y omalgia) y la actualización según normativa aplicable. La Corte hizo lugar al recurso extraordinario y revocó la sentencia de grado en cuanto aplicó el índice RIPTE y la resolución 22/14, remitiendo las actuaciones para nuevo pronunciamiento.
¿Quién es el actor?
Liliana Raquel Ordóñez.
¿A quién se demanda?
Provincia ART S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
pago de diferencias en la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (actualizada por resoluciones y ley 26.773) por enfermedad profesional con primera manifestación invalidante el 27/11/2013; más intereses y demás accesorios.
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Provincia ART S.A. y revocó la sentencia de grado en cuanto estimó y aplicó el índice RIPTE y la resolución 22/14; remitió autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Así pues, en el contexto definido por la doctrina emergente de los antecedentes citados, esta Corte resolvió que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la mencionada ley 26.773 -como también, de la normativa dictada en su marco de actuación-, en cuanto establece un mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice publicado por la autoridad administrativa, es aplicable, por regla, a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Asimismo, se estableció que el referido índice debe emplearse para ajustar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09, para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26-X-2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con la resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado 'Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales'.
Cabe añadir que ese criterio se condice con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 'Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial', sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párr.)."
"A tenor de lo precedentemente expuesto, se colige que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto al estimar el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
También, en cuanto juzgó de aplicación al caso la resolución 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, puesto que a la fecha de la primera manifestación invalidante (27 de noviembre de 2013) -extremo no controvertido- se hallaba vigente la resolución 34/13 de la misma cartera.
En razón de todo lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar a este fragmento del recurso y revocar la mensura de la prestación objeto de reclamo -y los acrecidos estimados en consecuencia-, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado y según las circunstancias no controvertidas, analice la pretensión de cobro del trabajador y la defensa de pago opuesta por la demandada."
Observaciones sobre intereses y costas: la Corte sostuvo que no debía resolver en este estado la cuestión de costas (III.4) y ratificó la doctrina de esta Suprema Corte sobre la tasa aplicable para el cálculo de los acrecidos, remitiendo a precedentes (III.5). Finalmente impuso las costas a la vencida en la sentencia (art. 289, CPCC).
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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