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Tribunal Superior

Soto, Elida contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Enfermedad accidente.

La actora reclamó el pago de honorarios regulados a peritos oficiales por intervenciones en proceso laboral. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario por inadmisible, considerando que no existe transgresión de doctrina legal aplicable y que las bases fácticas del precedente invocado difieren del caso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-124732
Recurso extraordinario Inadmisibilidad Honorarios de peritos oficiales Asesoria pericial Fisco provincial Ejecucion de costas Doctrina legal Art. 278 cpcc Art. 476 cpcc Suprema corte provincia de buenos aires Informacion adicional relevante: Presentacion del recurso: 6 de septiembre de 2019. Providencia apelada: proveido electronico de fecha 11 de julio de 2019 (resolucion que ordeno el deposito de los honorarios). Sentencia de esta materia registrada en ac. scba 3971/20 Firmada en febrero de 2021.

¿Quién es el actor?

Soto, Elida.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; intervino la Fiscalía de Estado reclamando que la Provincia no debía abonar honorarios de sus propios peritos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de honorarios regulados a peritos oficiales (médico, contadora y psicóloga) por actuaciones profesionales en el proceso laboral.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado contra la resolución que ordenó el pago de esos honorarios; costas a la actora en sentencia de primera instancia y, en esta sede, costas por art. 289 CPCC.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En primer lugar, corresponde poner de resalto que esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, 'Loupias', resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, 'García', resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, 'Matitti', resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, 'Espósito', resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, 'Vizzocco', resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, 'Presta', resol. de 26-VI-2019; e.o.)."

"En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, 'Vallejos', sent. de 26-X-2011; L. 88.054, 'Antoni', sent. de 7-IV-2010; L. 95.658, 'Duarte', sent. de 20-V-2009; L. 89.526, 'Sotelo', sent. de 23-IV-2008; e.o.)."

"En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, 'Barbalarga' (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que integra la decisión fue el del Juez Torres, adherido por la Jueza Kogan y por los Jueces de Lázzari y Pettigiani; se resolvió por unanimidad la inadmisibilidad y rechazo del recurso.

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