B. ,V. contra M. d. E. E. y o. A. d. t. - A. e.

¿Quién es el actor?

V. B., médica que sufrió accidentes de trabajo y contrajo hepatitis C.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Esteban Echeverría (empleador) y Provincia A.R.T. S.A. (aseguradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reparación por daños y perjuicios en sede civil por infortunio laboral; se impugna también la constitucionalidad del art. 39.1 de la Ley 24.557; discusión sobre la aplicación del decreto 1694/2009 para calcular prestaciones dinerarias de la ley de riesgos del trabajo.

¿Qué se resolvió?

la Suprema Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de Provincia A.R.T. S.A. para declarar que el decreto 1694/2009 no resulta aplicable al caso (primera manifestación invalidante en octubre de 2003), reduciendo la suma impuesta a la aseguradora de $280.000 a $181.245; asimismo, hizo lugar al recurso extraordinario de la actora, casó la cuantificación de la reparación integral de daños y perjuicios realizada por el tribunal de grado por ser absurda y ordenó que se realice nueva liquidación y nueva valoración, dejando sin efecto el pronunciamiento que rechazó la acción contra la Municipalidad y que validó constitucionalmente el art. 39.1 de la Ley 24.557 hasta tanto se recalculen los montos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 16 del decreto 1694/2009 (B.O. de 6-XI-2009) establece que: 'Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha'. ... luego, el agravio es fundado, porque ponderando que -de un lado- la primera manifestación invalidante de la contingencia que sufrió la actora se produjo en el mes de octubre de 2003; y -del otro- el art. 16 del decreto 1694/2009 prescribe expresamente que las disposiciones de dicho reglamento (publicado el día 6-XI-2009) se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la referida fecha de publicación, se impone concluir que las pautas indemnizatorias previstas en el decreto 1694/2009 no resultan aplicables al presente caso."

"En consecuencia, [...] la condena establecida en cabeza de Provincia A.R.T. S.A. [...] debe ser reducida de $ 280.000 ... a $ 181.245 (importe que le corresponde cobrar con arreglo al decreto 1278/2000: $ 141.245 por la prestación por incapacidad permanente total contemplada en el art. 15 ap. 2 de la ley 24.557 y $ 40.000 por la prestación complementaria del art. 11 ap. 4. 'b' del mismo texto legal)."

"Ha de observarse que el razonamiento plasmado en el fallo -acotado, reitero, tan sólo a la mentada operación aritmética- no se hace cargo de abordar, por ejemplo, la temática que gira en torno a la privación que el infortunio le pudo haber generado a la actora en orden a la posibilidad futura de ascender en su carrera de médica; tampoco se observa ningún análisis concreto que dé respuesta a la cuestión atinente a los gastos referidos al tratamiento psicológico ... o a la alteración de su calidad de vida en otras áreas extrañas a la laboral ... De modo tal que, por conducto de la errónea cuantificación del daño material, el a quo culminó fijando absurdamente el resarcimiento del daño moral..."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por Provincia A.R.T. S.A. y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de las indemnizaciones que corresponde abonar a aquélla con arreglo a las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1694/2009, normativa que -en el caso- se declara no aplicable. ... Con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora, se lo declara procedente y se casa el pronunciamiento de grado en cuanto estableció absurdamente el monto de la indemnización por daños y perjuicios, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 y rechazó la acción dirigida contra el empleador codemandado."