Castillo Saula, Karina; Rojas, Oscar; y Ciriaco Cabral. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 41.242. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala

¿Quién es el actor?

Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la defensa particular de Karina Saula Castillo y por la Defensora Oficial en favor de Oscar Antonio Rojas y Ciriaco Cabral.

¿A quién se demanda?

Sentencia condenatoria dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I, que confirmó la condena de primera instancia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Inaplicabilidad de la ley por vicios en la valoración de la prueba y en la individualización de la pena; petición de absolución o, subsidiariamente, moderación de la pena por aplicación de atenuantes (entre ellas la excesiva duración del proceso).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto por la defensa particular de Karina Saula Castillo y remitió autos a la instancia para que gradúe la pena conforme a lo resuelto; rechazó los recursos interpuestos por la Defensora Oficial a favor de Oscar Rojas y Ciriaco Cabral, con costas; diferió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"b. Estimo, por el contrario, que la denuncia de excesiva duración del proceso respecto de Castillo adquiere particular relevancia siendo que la imputada ha estado excarcelada durante más de una década. En vista de lo disvalioso de un cumplimiento de pena (o un saldo de ella) tan alejado de los hechos y de la condena dictada en la primera instancia, tras un largo sometimiento al proceso penal (Pacto de San José de Costa Rica, arts. 7.5 y 8.1 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U., art. 14), el realce de ese dato como pauta atenuante no puede sin más ser menospreciado.

Ya he sostenido al votar la causa P. 88.303, sent. de 25/III/2009, que '... el gravamen derivado del inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido el imputado [...] puede hallar adecuada reparación en las reglas de individualización de la pena y, [en su caso,] en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos [por ejemplo: conmutación, arts. 144.4, Const. prov.; 118, ley 12.256]...'.

Pues, las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código represivo, en cuanto permiten ponderar en la determinación judicial de la pena, entre otros factores, las 'condiciones personales' del sujeto, imponiéndole a los jueces el deber de 'tomar conocimiento directo y de visu' de aquél (art. 41 inc. 2, Código Penal), pueden servir de guía para encauzar la solución pretendida. Pues, al contemplar esa fórmula la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brinda un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial.

Sentado ello, definida como viene la pena que se estimó adecuada a la culpabilidad por el hecho, debe incluirse ahora, como modulación atenuante, el devenir vinculado a la demora judicial, correspondiendo en ese trazado realzar la actitud procesal de la imputada, sus actuales condiciones de vida y demás presupuestos que desde el perfil preventivo especial permita recortarla.

Esta solución se ve reforzada si acudimos a la doctrina del Tribunal, elaborada en consonancia con la acuñada por la Corte federal, que establece que los jueces no pueden prescindir en el momento crucial de fallar el caso de la realidad en la cual se dicta, así como tampoco pueden desentenderse de las consecuencias que su decisión pudiere proyectar (conf. doct. C.S.J.N., en Fallos 310:2478 voto del doctor Fayt; 316:2426 y sus citas; 326:417 y P. 67.930, sent. de 3/V/2006, entre otras).

Por lo expuesto, deberán volver los autos a la instancia a fin de establecer la nueva pena a imponer atendiendo a lo así resuelto."

Respecto de Rojas y Cabral, el Tribunal rechazó sus agravios en cuanto a valoración probatoria y coautoría/ asociación ilícita, por no acreditar absurdo o arbitrariedad en la evaluación conjunta de indicios por las instancias ordinarias, conforme a la limitación de revisión del recurso extraordinario.