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Tribunal Superior

Kalaityis, Rubén Nicolás c. Municipalidad de La Plata.Amparo sindical.

El actor promovió amparo sindical contra la Municipalidad de La Plata solicitando el restablecimiento de sus condiciones laborales y la nulidad del decreto municipal 862/16. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmó la decisión de fondo que declaró la nulidad del decreto y ordenó costas a la parte demandada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-121182
Amparo sindical Ley 23.551 (arts. 48 y 52) Nulidad decreto municipal 862/16 Restablecimiento condiciones laborales Designacion interina (decreto 239/12) Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Costas a la vencida Eleccion gremial (10-05-2016) Suprema corte de la provincia de buenos aires Regulacion de honorarios (art. 203 dl 6769/58)

¿Quién es el actor?

Rubén Nicolás Kalaityis.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de La Plata.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo sindical para restablecimiento de condiciones laborales y nulidad del decreto municipal 862/16 que finalizó la asignación interina de funciones como Jefe de Departamento de Distribución de la Agencia Platense de Recaudación (APR); se invocó tutela sindical (arts. 48 y 52 Ley 23.551) por haber sido electo Secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata el 10 de mayo de 2016 (mandato 2016-2020).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad; por mayoría se confirmó la solución de la instancia de grado que hizo lugar al amparo, declaró la nulidad del decreto 862/16 y ordenó costas a la parte demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, el embate en los términos expuestos se aparta y deja sin réplica la concreta motivación esgrimida por el juzgador para dar fundamento a su decisión, a saber: que la declaración de nulidad del decreto municipal 862/16 -por el cual se habían modificado las condiciones de trabajo del actor, sin haberse observado el procedimiento previo de exclusión de tutela-, le otorga 'pleno y definitivo respaldo jurídico' a la medida cautelar oportunamente dictada (v. sent., fs. 252), que no es ocioso recordar, fue concedida por el tribunal resaltando que su dictado no implicaba expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 92)."

"En lo que interesa, declaró el sentenciante que el señor Kalaityis, agente de la Municipalidad de La Plata, fue designado -con carácter interino- Jefe de Departamento de Distribución mediante decreto municipal 239/12; siendo electo Secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (inscripción gremial 2.508 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) el 10 de mayo de 2016, con mandato de cuatro años (2016-2020), y que la demandada fue notificada en debida forma de su designación, sin cuestionarla de manera alguna. En este marco juzgó, con fundamento en los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 39 de la Constitución provincial, y la doctrina legal que emana del fallo L. 93.122, 'Sandes' (sent. de 5-X-2011), que el accionante se encontraba amparado por la tutela prevista en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, por lo que su empleadora no podía tomar a su respecto ninguna medida que modificara sus condiciones de trabajo sin resolución judicial previa que lo excluyera de dicha protección especial."

Otros puntos relevantes: La Corte rechazó la alegación de abstracción por cumplimiento previo de la medida cautelar; sostuvo que el recurrente no atacó eficazmente las motivaciones centrales del fallo de grado ni denunció la infracción de los arts. 48 y 52 de la Ley 23.551. Respecto de la regulación de honorarios y el art. 203 del decreto ley 6.769/58, la Corte estimó que la Municipalidad carece de interés actual para impugnar esa cuestión en este recurso. Se impusieron las costas a la recurrente (art. 289 CPCC).

Leyes que cita

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