Expreso Quilmes S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
La actora solicitó la anulación del fallo del Tribunal Fiscal de Apelación que confirmó una determinación de la Dirección Provincial de Rentas sobre el Impuesto a las Actividades Lucrativas (ejercicios 1976, 1978 y primer a quinto bimestre de 1979). La Corte declaró la improcedencia formal de la demanda por incumplimiento del requisito del pago previo del art. 30 del C.P.C.A., al considerar que el depósito judicial no constituye pago previo válido; por tanto, rechazó la acción y ordenó la devolución del depósito.
¿Quién es el actor?
Expreso Quilmes S.A. (la firma actora).
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (contra la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación y la Dirección Provincial de Rentas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La anulación del fallo del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (dictado el 16-6-1981, expte. 2306-88.885/78) que confirmó la determinación de oficio de la Dirección Provincial de Rentas respecto del Impuesto a las Actividades Lucrativas correspondiente a los años 1976, 1978 y del primer al quinto bimestre de 1979.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda por improcedencia formal por no haberse cumplido el requisito del pago previo exigido por el art. 30 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo; se ordenó la devolución de la suma depositada en autos. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con el propósito de dar cumplimiento al requisito impuesto por el art. 30 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, la firma actora efectuó un depósito judicial a la orden de esta Suprema Corte, por el monto determinado en concepto de impuesto en la resolución de la Dirección Provincial de Rentas confirmada por el Tribunal Fiscal, de acuerdo a una liquidación practicada en el expte. 2306-88.885/78. Afirma que tal modo de cumplimiento de la obligación es el admitido por la doctrina del Tribunal sentada en la causa B. 48.959 ("Indor", res. del 9-VI-81)."
"El señor Fiscal de Estado adujo que la misma era improcedente, por no estar cumplido el requisito del pago previo que el mentado art. 30 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo exige. En tal sentido, hizo hincapié en que el pago debe ser previo y que no es tal el que se efectúa mediante un depósito judicial, ya que únicamente puede ser considerado, a los fines de la norma en cuestión, el que se realiza directamente ante el ente recaudador."
"Este Tribunal ha resuelto en forma reiterada que la disposición del art. 30 del Código de Procedimientos, que consagra la exigencia del principio traducido en la locución latina solve et repete, tiene por fundamento la necesidad de que el Estado pueda recaudar oportunamente los recursos previsibles y necesarios para afrontar sus erogaciones... Ha dicho también la Corte muchas veces que el requisito del pago previo debe considerarse una cuestión prejudicial, lo que importa señalar que el pago de la obligación debe ser anterior a la interposición de la acción... Sobre ese basamento, el Tribunal ha considerado que la condición que el art. 30 impone a la procedencia de la demanda no se cumple cuando el pago se efectúa mediante un depósito judicial, pues en tales supuestos -con independencia del importe depositado- es indudable que resulta ineficaz que la suma de que se trate sea depositada en forma oficiosa y unilateral en una cuenta judicial, pues en tal caso el pago no es estrictamente "previo" y en rigor se trata de un procedimiento que no constituye siquiera un "pago" en los términos de las normas que rigen el instituto (arts. 756, 758, 759, 761 y conc., Cód. Civil...)."
¿Cómo votaron los jueces?
El señor Juez Pettigiani votó por negar la procedencia formal de la demanda por las razones transcritas; los señores jueces Laborde, de Lázzari, Hitters y Salas acompañaron "por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Pettigiani", conformando la decisión unánime del tribunal.
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