Ghisani, José María c/Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

José María Ghisani, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (Provincia de Buenos Aires).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de las resoluciones nº 32/80 (ampliada por 47/80) que impusieron a la actora un cargo de $a.177.804.711 en concepto de daños y perjuicios y gastos por la terminación de la obra de abastecimiento de agua en Capitán Sarmiento, así como la resolución nº 67/80 que rechazó el recurso de revocatoria y el decreto del Poder Ejecutivo nº 1508/80 que desestimó la apelación.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la oposición formal de la Fiscalía de Estado por falta del pago previo exigido por el art. 30 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, se rechaza la demanda. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Mediante resolución nº 32 del 29-II-80 el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural dispuso intimar a la firma actora el pago de $a. 177.804.711 en concepto de gastos ocasionados a dicho organismo por los trabajos de terminación de la obra de abastecimiento de agua potable a la localidad de Capitán Sarmiento oportunamente contratada entre ambas partes, precisando su similar nº 47 del 5-IV-80 que la suma debía depositarse en la cuenta fiscal pertinente dentro del término de 45 días de notificada (v. fs. 220 y 223, exp. adm. cit.)."

"Se trata entonces de una liquidación administrativa practicada con motivo de la ejecución de un contrato de obra pública, habiéndose ordenado el pago de la suma de dinero resultante a la firma actora. Esta Corte tiene dicho que el requisito contenido en el art. 30 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo no se encuentra limitado exclusivamente por el origen de los importes reclamados a la materia impositiva, sino que comprende genéricamente toda 'liquidación de cuentas' (B. 48.640, 'Decavial S.A. y Alicurá S.A.', sent. 28-XII-87 y sus citas)."

"En el caso la liquidación practicada en concepto de daños y perjuicios imputados al contratista como de los gastos por los trabajos de terminación de la obra, constituye una cuestión derivada precisamente de la ejecución del contrato y debe enmarcarse en el ámbito de la doctrina elaborada por el Tribunal en materia de incumplimiento contractual y obligaciones dinerarias derivadas de ese incumplimiento (causas B. 48.861, 'Lumicot', 27-XII-85; B. 51.407, cit.)."

"Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la oposición formal deducida por la Fiscalía de Estado. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."

Resultado procesal: Rechazo de la demanda y regulación de honorarios profesionales y periciales conforme el fallo.

(La Corte resolvió por mayoría; todos los jueces firmantes votaron la afirmativa respecto de la improcedencia formal por incumplimiento del art. 30 C.P.C.A.)