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Tribunal Superior

Zorzoli, Jorge Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa

El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la resolución que le impuso treinta días de arresto por un accidente de tránsito en servicio. La Suprema Corte rechazó la demanda por mayoría, sosteniendo que la sanción se dictó tras un sumario con garantías y que el actor no acreditó fehacientemente la causa exoneratoria invocada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-61602
Contencioso administrativo Sumario por accidente Sancion disciplinaria Arresto (30 dias) Control judicial Acceso a la justicia (art.15 const. prov.) Prueba pericial insuficiente Presuncion de legitimidad del acto administrativo Carga de la prueba Provincia de buenos aires (policia)

¿Quién es el actor?

Jorge Alberto Zorzoli, cabo primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Policía), por la resolución administrativa 80.580 de fecha 18-VI-1994 que le impuso treinta (30) días de arresto.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la nulidad de la resolución administrativa sancionatoria y que se declare que el accidente ocurrido el 22-XI-1992 fue en ocasión de servicio, exonerando al actor de responsabilidad disciplinaria.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte rechazó la demanda y confirmó la validez de la sanción de treinta días de arresto impuesta en el sumario administrativo. Se hizo lugar a las costas por su orden y se reguló honorarios al letrado del actor.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la procedencia del control judicial y la excepción de la demandada:

"He de precisar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquéllos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. art. 15, Constitución provincial...)."

"Siendo así, la exclusión de la revisión judicial de las sanciones no expulsivas impuestas al personal policial que establecía el art. 318 del decreto reglamentario 1675/1980 -vigente al momento de interponerse la demanda-, por el sólo hecho de que la sanción impuesta al personal policial no constituía una expulsión, contraviene la regla general antes recordada y afecta de manera directa la garantía del amplio acceso a la justicia reconocida en el art. 15 de la Constitución provincial restringiendo irrazonablemente el control judicial de los actos administrativos."

(Voto del Dr. Genoud; los Dres. Kogan, Hitters y de Lázzari adhirieron.)

Sobre el fondo y la valoración probatoria:

"En el sub lite el accionante no ha logrado revertir la imputación. Según afirma, el accidente en cuestión se debió a una maniobra abrupta que tuvo que realizar cuando circulando a velocidad regular por el Camino Parque Centenario... dos vehículos le cerraron el paso. Ahora bien, ni de las constancias obrantes en el expediente administrativo ni de las pruebas producidas en sede judicial existen elementos que justifiquen las aseveraciones formuladas por el actor."

"Siendo que la pericia en cuestión constituyó, más allá de la prueba documental acompañada, el único medio probatorio ofrecido y producido con el objeto de desvirtuar los supuestos de hechos tenidos en cuenta por el acto sancionatorio, la falta de acreditación fehaciente de esta circunstancia -que el accidente haya ocurrido a pesar de haber actuado diligentemente- son por demás suficientes para rechazar las pretensión del actor."

"Por todo ello, cabe concluir que los actos administrativos impugnados no padecen los vicios que el demandante les endilga, ya que han sido dictados en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento llevado a cabo en el seno de la institución policial, en el que aquél tuvo oportunidad de defenderse y en el cual ha quedado demostrada la falta disciplinaria que se le imputa, siendo razonable y adecuada la sanción de treinta (30) días de arresto que se le aplicara."

¿Cómo votaron los jueces?

Votaron por la negativa (rechazar la demanda) los Dres. Genoud, Kogan, Hitters y de Lázzari; la decisión se resolvió por mayoría en el bloque dispositivo final que concluye: "Por los fundamentos expuestos ... se rechaza la demanda."

Costas y honorarios: Costas por su orden; se regulan honorarios al patrocinante del actor (Dr. Daniel Marino Mazzocchini) conforme lo consignado en la sentencia.

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