Gelvez, Sebastián contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal

¿Quién es el actor?

Sebastián Victoriano Gelvez.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia / Ministro de Justicia y Seguridad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución 137/02 (retiro absoluto, a partir del 17-12-2001) y de la resolución 90/11 (rechazo de recursos y planteo de prescripción); reincorporación y pago de salarios dejados de percibir.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría la Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, revocó la sentencia de la Cámara, declaró prescripta la acción disciplinaria, anuló las resoluciones 137/02 y 90/11, ordenó la reincorporación del actor y condenó a la Provincia a pagar una indemnización equivalente al 35% del sueldo actual de la categoría desde el 17-12-2001 hasta la efectiva reincorporación, con aplicación de interés puro del 6% anual hasta la sentencia y la tasa que corresponda a partir de entonces.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III.1. Respecto del primero de los tópicos, la recurrente centra su embate en la resolución del Tribunal de Alzada que consideró que la acción disciplinaria que impuso la sanción de retiro absoluto al actor no se encontraba prescripta, citando a dichos fines la doctrina de la causa "Gómez".

Tal circunstancia remite necesariamente al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a la competencia revisora de esta Suprema Corte.

Este Tribunal ha señalado que la determinación del plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.623, "Ortega", sent. de 9-XI-2011; A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; A. 71.567, "Zapata", sent. de 4-V-2016; A. 72.609, "Caparrotta", sent. de 31-V-2017; entre muchas otras); circunstancia que no ha sido denunciada, y mucho menos probada en el sub lite."

"VII. Por los fundamentos expuestos considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 1, CPCC) en virtud de que se ha vulnerado la doctrina legal de la causa "Gómez" antes citada. Por consiguiente, se revoca la sentencia impugnada, declarándose prescripta la acción disciplinaria que le impuso la sanción de retiro absoluto al actor y se anulan las resoluciones 137/02 y 90/11 del entonces Ministerio de Justicia y del señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respectivamente (art. 289 inc. 2, CPCC)."

Bloque dispositivo final (mayoría):

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia impugnada (art. 289 inc. 1, CPCC). En consecuencia, se declara prescripta la acción disciplinaria por la cual se le impuso la sanción de retiro absoluto al actor y se anulan las resoluciones 137/02 y 90/11 del entonces Ministerio de Justicia y del señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respectivamente (art. 289 inc. 2, CPCC).

Por mayoría, se condena a la demandada a reincorporar al actor en el cargo que ocupaba con anterioridad al dictado de los actos impugnados y a abonarle una indemnización equivalente al 35% del sueldo actual de la categoría que ocupaba al momento de imponérsele la sanción de retiro absoluto (17 de diciembre de 2001) y hasta el momento en que se haga efectiva su reincorporación; ello, con los debidos descuentos por aportes previsionales y cargas sociales y teniendo en cuenta los salarios abonados a un 50%.

A dicho importe deberá aplicarse el interés puro del 6% anual hasta la fecha de esta sentencia (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016).

La suma resultante de la liquidación que se practique deberá ser abonada dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.)."