Pita, Andrés Ignacio c/ Municipalidad de Vte. López y Otro s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

¿Quién es el actor?

Andrés Ignacio Pita.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Vicente López y la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo para obtener la renovación de la licencia de conducir y se impugna la exigencia del pago previo de multas establecida en el art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 (reglamentario de la ley 13.927); se solicitó la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de esa norma.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado por insuficiente fundamentación (arts. 279 y 289 CPCC). Manteniéndose la decisión de la Cámara que había declarado la inconstitucionalidad del precepto y ordenado la reanudación del trámite de renovación de la licencia. Costas al recurrente vencido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín -en lo que aquí interesa- desestimó los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la Municipalidad de Vicente López y de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de amparo presentada por Andrés Ignacio Pita, contra el Municipio citado y la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, Así declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09 reglamentario de la ley 13.927 ordenando que, en forma inmediata y sincronizada, procedieran a reanudar el trámite ya iniciado por el actor con el fin de obtener la renovación de su licencia de conducir (v. fs. 157/167 vta.)."

"El art. 279, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción 'deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o doctrina legal que se presume violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o error'."

"Como quedó visto esto no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada al hallar verificada la desproporción entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio mucho más idóneo para obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio)."

"Asimismo, el impugnante omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente, remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio a ser usada por los jueces, pero omite considerar que los precedentes de otros órganos judiciales no resultan eficaces para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, 'Consorcio de Propietarios Parque Aranda', sent. de 29-IV-2009; C. 107.960, 'Talavera', sent. de 5-IV-2013 y A. 74.612, 'Alvarez', sent. de 26-XII-2018), aunque se trate de fallos de la Corte Suprema de la Nación."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por unanimidad; la señora Jueza Kogan votó y los Sres. Jueces Negri, Soria y Pettigiani acompañaron el mismo sentido.