Frungieri, Nicolás c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

¿Quién es el actor?

Frungieri, Nicolás.

¿A quién se demanda?

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución 986/11 (y confirmatoria 981/12) que transformó la renuncia del actor en cesantía por responsabilidad en sumarios administrativos (12.130 y 12.339), reconocimiento de indemnización especial y reparación por daños y perjuicios derivados de la medida disciplinaria.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por insuficiente fundamentación (art. 279 CPCC). Se impusieron las costas de la instancia a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. El recurso no puede prosperar atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC)."

"III.2. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 72.829, 'Romero', sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, 'Gómez', sent. de 5-XII-2018 y A. 69.199, 'Rosl', sent. de 6-V-2009)."

"IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso interpuesto debe ser rechazado.

Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC)."

Fundamento fáctico y jurídico del a quo (resumido en la sentencia): la Cámara consideró que no hubo dilación irrazonable en los sumarios (teniendo en cuenta complejidad y la intervención de órganos jurisdiccionales), que no se vulneraron garantías del debido proceso ni el non bis in idem (sanciones proviniendo de distintas autoridades y protegiendo bienes jurídicos distintos), que el actor tuvo oportunidad de defensa y que la sanción expulsionaria se halló respaldada por la prueba reunida (cargos enarticulados en arts. 21, 22 del Estatuto y arts. 23, 24, 25 y 192 del Reglamento de Disciplina). La Corte sostuvo que el recurrente únicamente expresó discrepancia con la valoración probatoria sin demostrar violación normativa o absurdo.