MALCHIODI, HUGO JAVIER S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 66.445 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI.-
El imputado H. J. M. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la resolución de la Sala VI del Tribunal de Casación que confirmó su condena por abuso sexual agravado y promoción a la corrupción de menores. La Suprema Corte rechazó por mayoría el recurso, concluyendo que no se demostró arbitrariedad ni restricción indebida de la capacidad revisora del tribunal de alzada y que la valoración probatoria se encuentra debidamente motivada.
¿Quién es el actor?
H. J. M., condenado en el Tribunal en lo Criminal n.º 5 – Departamento Judicial La Plata.
¿A quién se demanda?
Tribunal de Casación Penal, Sala VI, por haber declarado inadmisible o haber confirmado la valoración que condujo a la condena.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuestionando la valoración probatoria, arbitrariedad del fallo y una supuesta restricción indebida de la capacidad de revisión de la Casación (invocando art. 8.2.h CA y 14.5 PIDCP y la doctrina "Casal").
¿Qué se resolvió?
Se rechazó por mayoría el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas. Se regulan honorarios al letrado del recurrente conforme a la normativa indicada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
(transcripción de párrafos relevantes del fallo, lenguaje original)
1) Fragmento donde se explicita la doctrina sobre alcance revisora (voto mayoritario, De Lázzari):
"En el precedente citado, la Corte Suprema de Justicia nacional manifestó, en lo que aquí interesa, que '...lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales...', y que, '...debe interpretarse que los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso. De allí que se hable de 'Leistung', del rendimiento del máximo de esfuerzo revisable que puedan llevar a cabo en cada caso' (cons. 24)."
2) Fragmento donde la Corte concluye sobre la insuficiencia del agravio para demostrar arbitrariedad (voto mayoritario, De Lázzari):
"En definitiva, la determinación fáctica realizada por el órgano intermedio no ha sido desvirtuada por la defensa pues no bastan sus discrepancias con la valoración de la prueba efectuada por el revisor para poner en evidencia un supuesto de arbitrariedad. Conforme se ha expresado en diversas oportunidades es insuficiente la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (causas P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; e.o.)."
3) Bloque dispositivo final:
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza por mayoría- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP)."
¿Cómo votaron los jueces?
el recurso fue rechazado por mayoría (votos por la negativa de los Dres. De Lázzari, Kogan, Pettigiani y Torres). El Dr. Negri votó por la afirmativa, estimando que correspondía hacer lugar a ese tramo del recurso por arbitrariedad del pronunciamiento de la Casación y ordenar la casación y devolución al tribunal de origen.
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