Romero, Mauro Julián c/ Dcción. Prov. de Política y Seg. Vial y ot. s/ Materia a categorizar

¿Quién es el actor?

Mauro Julián Romero promovió acción de amparo.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de General Pueyrredon y Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la exigencia de "tener libre deuda de infracciones de tránsito" como requisito para la renovación de la licencia de conducir; se solicitó que se reanude y culmine el trámite de renovación sin que la deuda por multas impida el procedimiento.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la Fiscalía de Estado (Provincia) y por la Municipalidad de General Pueyrredon, con costas a las recurrentes, manteniéndose la situación decidida por la Cámara (declaración de inconstitucionalidad, en la especie, de los arts. 10 inc. 3 del decreto 532/09 y 14 de la ordenanza municipal).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en su segunda parte, dispone que el escrito de deducción deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia y, en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error.

Sobre ello este Tribunal sostuvo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.)."

"En el sub lite tales recaudos no han sido satisfechos en tanto los impugnantes omiten rebatir los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial- y la existencia de un medio judicial más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.

Por el contrario, los recurrentes intentan justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión aludiendo a que la ley nacional 26.353 -a la cual adhiere nuestra ley provincial 13.927- recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, el cual transformó a esta última en una cuestión prioritaria de alcance nacional y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad.

Más no acreditan con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestran la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito (doctr. causa A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016)."

"Por otra parte, advierto que las recurrentes en lugar de individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aducen erróneamente aplicada, citan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar el aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento jurídico.

En tal contexto, recuerdo que este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Negri fue seguido por los Dres. de Lázzari, Kogan y Pettigiani; la sentencia se resolvió por la negativa a los recursos (mayoría).