Encarnación, Myrta Anacleta contra Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo). Demanda contencioso Administrativa
La actora reclamó la nulidad de las resoluciones administrativas que la sobreseyeron y rechazaron su pedido de pago de haberes por el período 5-2-1990 a 19-3-1996. La Suprema Corte hizo lugar a la demanda, declaró ilegítimas las resoluciones 794/99 y 71/00, condenó a la Provincia al pago de los salarios dejados de percibir con intereses y, por mayoría, fijó daño moral en $30.000.
¿Quién es el actor?
Myrta Anacleta Encarnación (representada en autos; fallecida, tenidos por parte sus herederos Ricardo Félix Antonio Martirene y Marcelo Federico Martirene).
¿A quién se demanda?
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo provincial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de las resoluciones administrativas 794/99 y 71/00 que sobreseyeron/archivaron el sumario y rechazaron el pago de haberes por el periodo 5-2-1990 a 19-3-1996; además, pago de salarios dejados de percibir, bonificaciones con incidencia previsional, daños y perjuicios (daño moral), reajustes e intereses.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar a la demanda. Se declaró la ilegitimidad de las resoluciones 794/99 y 71/00 y se condenó a la Provincia a abonar a la actora los haberes dejados de percibir entre el 5-2-1990 y el 19-3-1996, con intereses calculados sobre el capital según la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires; por mayoría se condenó además a abonar $30.000 en concepto de daño moral. La suma líquida deberá pagarse dentro de los 60 días a los herederos tenidos por parte.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De las constancias remitidas surge que ante las presuntas irregularidades en la confección de un documento público que involucraba a la accionante, la autoridad demandada dio inicio a tres expedientes administrativos... Previos al dictado de la referida disposición del año 1993, la autoridad demandada tuvo pleno conocimiento de que la agente Encarnación de Martirene no se hallaba en funciones desde el día 5 de febrero de 1990... Dicha situación irregular tampoco fue subsanada en el marco del sumario disciplinario 2209-24540/90 iniciado por disposición 905/93 sino, antes bien, se prolongó hasta el 19 de marzo de 1996, fecha en que la actora fue reincorporada a sus funciones."
"No existiendo una decisión fundada que dispusiera la medida que en los registros figura como causal que habría impedido a la actora su prestación de servicios -suspensión por hallarse detenida por autoridad policial- y, siendo que el período implicado se corresponde con aquel alcanzado por el trámite del sumario, en los hechos se ha ejecutado una suspensión preventiva sin las garantías que le acuerda el respectivo estatuto."
"Tal falencia -ausencia de acto expreso que dispusiera la suspensión preventiva- que es exhibida por la demandada como la razón que justificaría la falta de pago de los haberes reclamados, es en rigor la evidencia del vicio que nulifica los actos aquí cuestionados."
"Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar a la pretensión anulatoria, declarando la ilegitimidad de las resoluciones 794/99 y 71/00 dictadas por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que importa dejarlas sin efecto en cuanto fueron materia de impugnación (arts. 109, 103 y 108, dec. ley 7.647/70 y 103, ley 10.430)."
Sobre la indemnización de haberes: "corresponde hacer lugar a lo peticionado... debe reconocérsele a la demandante el derecho a cobrar los haberes dejados de percibir por el período reclamado, esto es desde el 5 de febrero de 1990... hasta la fecha de su reintegro acaecido el 19 de marzo de 1996."
Respecto de intereses y forma de liquidación: "A los importes que deba pagar la accionada, se le adicionarán intereses, los que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días..."
Sobre daño moral (mayoría): "comparto la doctrina afirmada por este Tribunal en punto a la presunción de su existencia... Tal circunstancia, se ha dicho, ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral... estimo prudente fijar por este concepto el importe de $30.000."
¿Cómo votaron los jueces?
Los jueces Genoud y Kogan disintieron respecto del reconocimiento del daño moral, sosteniendo que no debe presumirse su existencia en todos los casos y que la actora no aportó prueba suficiente ni alegaciones concretas sobre el perjuicio moral sufrido, por lo que propusieron rechazar esa parte del reclamo. La regla de mayoría fue la fijación de $30.000 por daño moral.
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Leyes que cita
- Ley 10.430 de Buenos AiresEstatuto y escalafón para el personal de la administración pública
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