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Tribunal Superior

Alegre, Juan Carlos contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial.

El actor promovió acción especial por accidente de trabajo solicitando indemnización por disminución de la capacidad laborativa por siniestro del 3-2-2013. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al considerar que la valoración pericial y la conclusión de inexistencia de secuela incapacitante son materias de hecho privativas del juez de grado, sin configuración del vicio de absurdo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-120522
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Ley de riesgos del trabajo Accidente de trabajo Incapacidad Pericia medica Valoracion de la prueba Vicio de absurdo Provincia de buenos aires Rechazo del recurso

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Alegre.

¿A quién se demanda?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires (aseguradora/Provincia en sede de ley de riesgos del trabajo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por disminución de la capacidad laborativa derivada de accidente de trabajo ocurrido el 3 de febrero de 2013 (desgarro muscular y secuelas que limitarían movilidad).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor y se confirmaron las conclusiones del tribunal de grado que habían rechazado la demanda por falta de acreditación de incapacidad, con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

III.1. Inicialmente es menester recordar que valorar el material probatorio y determinar el grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo constituye una cuestión de hecho reservada a la apreciación de los jueces de grado. Sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016 y L. 118.299; "L., J. A.", sent. de 31-V-2017).

A partir de esas directrices cabe precisar que, en el veredicto, el órgano judicial de grado -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- valoró minuciosamente la experticia médica producida en autos (v. fs. 128/129) y, en esa faena, destacó que el galeno fue concluyente, al aseverar que el señor Alegre, como consecuencia del accidente acaecido el día 3 de febrero de 2013, "no padece secuela alguna (fs. 128)", "no presenta incapacidad (fs. 128 vta.)", ni física, ni psicológica (v. fs. 170). En ese sentido señaló que, para arribar a tales conclusiones, analizó -en relación a la supuesta afección física- la ecografía de partes blandas que se efectuara el 8 de febrero de 2013, y -respecto a la psicológica- "...una entrevista diagnóstica semidirigida, utilizando además un cuestionario desiderativo..." (fs. 128 vta., 129 y 170 vta.).

III.2. En el caso, el recurrente denuncia la configuración de absurdo, pero no logra demostrarlo (art. 279, CPCC).

Ello, atento a que la crítica que ensaya, se limita a cuestionar la eficacia y valoración de la experticia médica agregada a la causa, y a reiterar ciertas impugnaciones -que el sentenciante expresamente consideró- pero no se ocupa de rebatir el referido análisis -de dicho medio probatorio y de las respuestas brindadas por el perito- que formó la convicción en el juzgador respecto a la inexistencia de incapacidad física o psicológica del accionante.

En definitiva el interesado, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intenta un nuevo examen de la contestación de la demanda y de la prueba pericial, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio lógico denunciado (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).

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