Becerra, Juan Antonio contra Fioretti, Raúl Oscar y otra. Daños y perjuicios y su acumulada Sargado, Marta Noemí contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios
Demandas por daños y perjuicios por muerte en accidente vial contra la Provincia por omisión en el control del seguro obligatorio. La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios del Estado y confirmó que existió falta de servicio por deficitaria fiscalización de la vigencia de la póliza, estableciendo el nexo causal con la imposibilidad de percibir indemnizaciones.
¿Quién es el actor?
Juan Antonio Becerra y Marta Noemí Sargado.
¿A quién se demanda?
Fioretti, Raúl Oscar y la Provincia de Buenos Aires (entre otros).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por el fallecimiento de Fernando Javier Becerra, imputando al Estado provincial la responsabilidad por omisión en la fiscalización del cumplimiento de las exigencias de seguros de las empresas de transporte interurbano.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la Provincia de Buenos Aires, confirmando la plataforma fáctica y jurídica de la Cámara que había estimado configurada la falta de servicio y el nexo causal entre la omisión administrativa y la imposibilidad de percibir las indemnizaciones de los responsables directos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el sub lite, la Cámara de Apelación revocó el fallo de origen que había desestimado las pretensiones enderezadas contra la Provincia, al encontrar reunidos los recaudos para su acogimiento ... Dicha normativa -destacó- establecía obligaciones y cargas a satisfacer por el prestatario del servicio en materia de seguros, cuya verificación quedaba a cargo de la autoridad provincial de aplicación (v. fs. 391 vta./392 vta.)."
"Hubo inactividad de la Administración frente al hecho de que la empresa codemandada no había justificado la cobertura en tiempo oportuno (desde la fecha en que debía hacerlo -esto es, antes del 15 de abril de 1998- hasta el 30 de junio de 1998; en el ínterin -el 9 de junio de ese año- se produjo el siniestro). Limitó su control a la admisión formal de una póliza que al momento de su presentación no se hallaba vigente desde hacía casi un mes, sin verificar esa circunstancia."
"No puede entenderse razonablemente desempeñado el poder fiscalizador estatal si el órgano competente prescinde de constatar la autenticidad o la vigencia de la póliza cuando habilita un vehículo de transporte de pasajeros. Afirmar lo contrario importaría considerar su tarea de manera simplemente ritual (art. 1, decreto ley 16.378/57)."
(Se reseñan y aplican las normas del decreto ley 16.378/57 y su decreto reglamentario 6.864/58; la Sala sostuvo también la existencia del nexo causal siguiendo la doctrina de la causa C. 92.937 "Romairone".)
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