ALTUVE, CARLOS ARTURO -AGENTE FISCAL- S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 72.749 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA V SEGUIDA A L., F. E..-

¿Quién es el actor?

Altuve, Carlos Arturo (Agente Fiscal), en su carácter de fiscal ante el Tribunal de Casación.

¿A quién se demanda?

L., F. E., cuya absolución fue ordenada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la absolución por in dubio pro reo dictada por la Cámara de Casación, por arbitrariedad y falta de adecuada motivación en la valoración de la prueba en un caso de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 10 años que resultó embarazada.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia de la Cámara de Casación y remitió las actuaciones a la instancia anterior para que se dicte un nuevo pronunciamiento, con expresa indicación de que lo decidido no implica resolución del fondo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V. El recurso prospera porque, tal como lo alega el representante del Ministerio Público Fiscal, el fallo impugnado es arbitrario al no tomar en cuenta la doble protección jurídica que debe asegurarse en tanto víctima y por la condición de niña de la damnificada (v. arts. 19 y 34, CDN; 25, CADH y 24, PIDCP; CIDH caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, sent. 19-XI-1999, párr. 194).

En especial reviste interés el planteo de la fiscalía según el cual 'Corresponde al juez determinar qué significado tiene lo que la niña declaró. Esto responde a la necesidad de compaginar las exigencias defensivas con las necesidades de protección victimológica de personas particularmente vulnerables, como es el caso de menores de edad, en especial cuando se enfrentan a hechos altamente comprometedores de su equilibrio personal, como los relacionados con situaciones de abuso sexual intrafamiliar (A.S.I.) como en el caso que nos ocupa' (fs. 149 y vta.).

Esta tarea no ha sido cumplida por el a quo."

"VI. Para no incurrir en arbitrariedad, las sentencias deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (CSJN Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:29 y 321:1909), extremo que claramente no ha acontecido en el sub lite.

El tribunal intermedio incurrió en un déficit de motivación en virtud del análisis parcializado y fragmentado de la prueba que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.; conf. mutatis mutandis en causas P. 113.511, sent. de 6-VIII-2014; P. 117.839, sent. de 9-IX-2015; P. 121.248, sent. de 22-II-2017 y P. 128.026, sent. de 9-VIII-2017).

En suma, teniendo en cuenta que '...una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas' (CIDH caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, sent. de 20-XI-2014, párr. 278) y sin que lo señalado en lo que antecede agote los aspectos probatorios a considerar en su totalidad, corresponde casar el fallo recurrido y remitir los autos a la sede anterior para que, con la intervención que corresponda, se dicte uno nuevo, con la aclaración de que lo aquí decidido no importa pronunciarse sobre el fondo del asunto."

Dispositivo final transcripto:

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia se dispone el reenvío de estas actuaciones a la instancia anterior, para que jueces hábiles dicten una nueva conforme a lo aquí decidido (art. 496, CPP).

Regístrese y notifíquese."

(Votos concordantes de los señores jueces De Lázzari, Negri, Kogan y Genoud.)