Moya, Walter Orlando c/Nidera S.A. s/Enfermedad accidente

¿Quién es el actor?

Walter Orlando Moya.

¿A quién se demanda?

Nidera S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Aplicación del artículo 11 de la ley 25.561 y declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 del decreto 214/2002 (y en general cuestionamiento de la normativa), para que se reorienten los efectos de un pago acordado/homologado ante la alteración del régimen cambiario; se invocan además derechos constitucionales (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 31 C.N.) y normas laborales y de procedimiento.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Corte consideró firme la conclusión de la instancia de grado de que el demandado cumplió con la obligación dentro del plazo convenido antes de la vigencia de la ley 25.561, y por ello cualquier pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto 214/2002 sería abstracto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El tribunal de grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 214/2002 que dedujo el actor de autos Walter Orlando Moya... concluyó que el obligado al pago cumplió con su compromiso de pago dentro del plazo acordado y antes de la entrada en vigencia de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona en estos obrados. Con tal fundamento desestimó la tacha a la validez constitucional de la normativa cuestionada y el pedido de aplicación del coeficiente de estabilización de referencia –C.E.R.- (fs. 402/408 vta.)."

"En efecto... Ese mismo día, 20 de diciembre la demandada procedió a efectivizar el depósito del importe acordado y el primer día hábil a ese hecho, 28-XII-2001, adjuntó su constancia y autorizó su extracción por parte del actor (fs. 328/330)... En esta orden, el quejoso se centra en afirmar que el a quo no trató su oportuno pedido de aplicación del mencionado art. 11, cuando, a mi ver, otra es la realidad que surge del expediente."

"Firme entonces que el obligado al pago dio cumplimiento a lo convenido antes de la entrada en vigencia de la ley 25.561 y del decreto 214/2002 cuya validez constitucional vuelve a cuestionar ante esta instancia no corresponde emitir pronunciamiento a su respecto, pues se tornaría un pronunciamiento abstracto al no existir la posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso."

"Por todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso deducido. Las costas, ante la naturaleza de la materia en tratamiento, he de propiciar que sean soportadas por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

La señora jueza Kogan votó por la negativa; los señores jueces Genoud, Hitters y de Lázzari adhirieron al mismo fundamento. El acuerdo final dispone el rechazo del recurso y costas en el orden causado.