OLIVARES, RAUL DANIEL Y CRETACOTTA, FABIO ROMULADO S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 54.700 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA I

¿Quién es el actor?

Los recurrentes son los defensores particulares de Raúl Daniel Olivares, Fabio Romualdo Cretacotta, Liliana Inés Viva y José María Reitano, que interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.

¿A quién se demanda?

Se impugna la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata confirmada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita anulación o inaplicabilidad de la resolución que confirmó condenas por el delito de administración fraudulenta y se denuncian faltas de motivación, preterición de agravios, violaciones a garantías constitucionales (debido proceso, carga de la prueba, principio de individualización de la responsabilidad, non bis in idem, congruencia, etc.).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, con costas, y reguló honorarios a los letrados. La Corte consideró que las cuestiones planteadas no demuestran vulneración de naturaleza federal ni arbitrariedad suficiente para habilitar la revisión extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La objeción acerca de la falta de fundamento legal carece de base por cuanto la Casación citó expresamente las normas que entendió aplicables, y en particular el art. 371 del Código Procesal Penal, que es el que regula lo concerniente al dictado de la sentencia del juicio (v. fs. 141). De este modo resulta claro que basó en la ley su decisión."

"más allá de la mayor o menor profundidad con la que la Casación abordó las objeciones ... lo cierto es que se encargó de tratar los hechos esenciales que consideró suficientes para sustentar la condena."

"no procede el recurso extraordinario de nulidad si la parte no demuestra la esencialidad de la cuestión que se dice preterida (conf. causas P. 126.734, sent. de 11‑X‑2017 y P. 124.663, sent. de 29‑XI‑2017, e.o.)."

"En definitiva, se determinó que '...el delito aquí no se configuró a partir de una serie de incumplimientos formales sino que las omisiones formales (v.gr. ausencia de registros contables, falta de rendición, etc.) han sido mecanismos emprendidos para ocultar la conducta de infidelidad' sobre los bienes o intereses confiados, con el detrimento patrimonial verificado (v. fs. 134)."

Si bien hubo referencias y defensas por la supuesta preterición de agravios, la carga probatoria, la individualización de la autoría y la ausencia de pericia contable, la Corte concluyó que "la parte no ha acreditado las violaciones a normas de carácter federal que invocara, y tampoco que más allá de lo que se opine sobre el acierto de lo decidido, se haya incurrido en una apreciación arbitraria de los medios de convicción que sustentaron la condena (art. 495, CPP y su doctrina)."