Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 76461 del Tribunal de Casación Penal, Sala I

¿Quién es el actor?

Carlos Arturo Altuve, Agente Fiscal.

¿A quién se demanda?

Ezequiel Eduardo Gómez (imputado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la aplicación de la suspensión del proceso a prueba (art. 76 bis CP) en una causa por lesiones culposas gravísimas agravadas por la conducción de un vehículo automotor, alegando la inaplicabilidad del instituto cuando el delito está reprimido con pena de inhabilitación.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal y se revocó el pronunciamiento atacado, concluyendo que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación (ya sea única, conjunta o alternativa).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496 del C.P.P.).

a. Teniendo en especial consideración el agravio por el cual fue concedida la vía del art. 494 del ritual, la denuncia de arbitrariedad en la interpretación del art. 76 bis, anteúltimo párrafo, del C.P. por haberse otorgado la suspensión de juicio a prueba en un caso donde se investiga un delito reprimido con pena de inhabilitación en forma conjunta con la privativa de libertad (art. 94 del C.P.) debe tener acogida favorable.

En efecto, en el citado precedente P. 125.430, a cuyos fundamentos se hace expresa remisión, esta Corte juzgó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos parlamentarios de reforma), la teleológica y la sistemática del art. 76 bis del C.P., permite concluir, sin margen de duda, que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea ésta única, conjunta o alternativa (v. punto III. 1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.).

El motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público -en el presente, licencia para conducir vehículos automotores-. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III. 2. e. y f. del voto citado)."

"b. Por otra parte, también asiste razón al apelante en cuanto sostiene que de los precedentes “Acosta” y “Norverto” de la Corte nacional no puede inferirse que la suspensión de juicio a prueba se pueda aplicar a delitos reprimidos con pena de inhabilitación (v. carril extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 52/vta.).

Tal como se explicó en la citada causa P. 125.430, la correcta exégesis de tales fallos indica que ambos se ciñeron a sostener la “tesis amplia”, superadora de la restrictiva fijada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario “Kosuta”.

En efecto, en ellos se resolvió que el instituto en cuestión procede respecto de los delitos cuyo máximo excede los tres años de prisión pero que las circunstancias particulares del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena. Ninguna implicancia tiene en lo que concierne a los ilícitos sancionados con pena de inhabilitación (v. punto III. 2. g. del voto citado)."

¿Cómo votaron los jueces?

la resolución final del Tribunal (citado en el bloque dispositvo) acuerda por mayoría hacer lugar al recurso y revocar el pronunciamiento atacado. No consta en el dispositivo disidencia que modifique la conclusión mayoritaria.