Amaya, Seberiano c/Ricardo Bujanda S.A.I.C. y otro s/Enfermedad accidente
El actor reclamó indemnización por incapacidad derivada de enfermedad-accidente contra el empleador y su aseguradora. La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario: confirmó la responsabilidad patronal, redujo el capital al tope legal previsto por el art. 8 de la ley 9688 (mod. por ley 23.643) y remitió la causa para adecuar la tasa de interés.
¿Quién es el actor?
Seberiano Arturo Amaya.
¿A quién se demanda?
Ricardo Bujanda S.A.I.C. y Ancora Compañía Argentina de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por incapacidad derivada de enfermedad-accidente (entre otros reclamos que fueron desestimados).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Se casó la sentencia de grado en cuanto al monto capital de la condena, reduciéndolo al equivalente del tope indemnizatorio previsto en el art. 8 de la ley 9688 modif. por ley 23.643 (aplicando la resolución 7/89: $ 520), y se remitió la causa al tribunal de origen para que adecue la tasa de interés conforme a lo decidido. Se confirmaron los restantes pronunciamientos sobre responsabilidad patronal. Con costas en el orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal del trabajo que intervino en este juicio estableció el monto del resarcimiento por el que progresó la demanda en la suma de $ 5035,13. Tuvo en cuenta el tope indemnizatorio previsto en el art. 8 inc. 'a' de la ley 9688 mod. por ley 23.643 -equivalente a $ 520-; pero, para arribar a una indemnización justa y razonable, -en la inteligencia del sentenciante- repotenció los valores computables, llegando, por esta vía, a una cifra total de $ 6992,49. Por consiguiente, según el pronunciamiento de origen, el importe del resarcimiento inicial no supera el tope máximo legal, cifra por la que, finalmente se dispuso el progreso de la demanda."
"En tales condiciones, siguiendo los principios que informan la doctrina legal precedentemente señalada corresponde concluir que el único mecanismo para declarar inaplicable al caso la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil resulta la declaración judicial de inconstitucionalidad de la disposición, no reprochada en el caso. Y en este orden, entiendo que a los jueces no les asiste la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de una disposición legal..."
"Por lo dicho debe revocarse la decisión objetada en el sentido de que el importe de la indemnización por la incapacidad derivada de enfermedad accidente a que es acreedor Amaya con arreglo a lo dispuesto por el art. 8 de la ley 9688 modificada por la ley 23.643 es el resultante del tope legalmente establecido (res. 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil). Vale decir que es el equivalente de computar 20 años de salarios mínimos legales: $ 520."
"En lo atinente a la tasa de interés aplicada en el pronunciamiento de origen también asiste razón al apelante porque cuando el capital se reajusta en función de la depreciación monetaria -como en el caso de autos- la tasa de interés moratoria pura a aplicarse debe establecerse en el seis por ciento anual y a partir del 1-IV-91 los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital reajustado (art. 623, C.C.)..."
"Por lo dicho corresponde casar la sentencia impugnada reduciéndose el capital de condena al importe equivalente de la aplicación del tope indemnizatorio previsto en el art. 8 de la ley 9688 modif. por ley 23.643, reenviándose la causa al tribunal de origen a fin de que adecue, asimismo, de conformidad con lo que aquí se decide la tasa de interés aplicada sobre el capital actualizado desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el 1-IV-91 (ley 23.928); confirmándose el pronunciamiento en los demás aspectos cuestionados. En la instancia de origen se practicará la liquidación que corresponda. Con costas en el orden causado (art. 289, C.P.C.C.)."
¿Cómo votaron los jueces?
El juez Negri disintió en lo relativo a la declaración de inaplicabilidad/oficiosa de la resolución 7/89, sosteniendo que "la declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan" y propuso declarar inaplicable el valor nominal de A 20.000 y actualizarlo desde el 1-VIII-89 hasta la fecha de conocimiento de la incapacidad (marzo de 1990), resultando un tope calculado de $ 6.201,36. Su voto fue minoritario.
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Leyes que cita
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
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