Sulimp S.A. c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad ley 13.880

¿Quién es el actor?

Sulimp S.A., por apoderado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Directora del Registro Provincial de Empresas de Limpieza, respecto de la medida solicitada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción originaria de inconstitucionalidad contra el art. 3 inc. "e" de la Ley 13.880 y el art. 3 del decreto 1.737/2010; se solicitó además la suspensión de efectos de las disposiciones mediante medida cautelar.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la medida cautelar solicitada (rechazo de la cautelar). No se pronunció sobre el fondo de la cuestión.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes... la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible -art. 230 del C.P.C.C.-"

"La actora descalifica el reglamento por irrazonable, alegando que el monto fijado en él como garantía es exagerado, e impide que pueda ejercer el legítimo derecho constitucional a trabajar en el territorio de la provincia de Buenos Aires."

"En el balance acompañado consta que la sociedad accionante tenía un patrimonio neto de pesos 4.515.413,57 centavos al año 2010 (fs. 3), y de la certificación de cantidad de personal surge que al 26 de agosto de 2011 la sociedad contaba con 325 empleados asignados a clientes radicados en la Provincia de Buenos Aires (fs. 25). Efectuado el cálculo del monto que debería aportar la actora como fondo de garantía, conforme las pautas establecidas en el art. 3 del decreto 1.737 y relacionando dicho monto con el patrimonio neto del 2010, no se advierte, prima facie, que en su aplicación la normativa cuestionada resulte confiscatoria."

"Asimismo, no se acompañó la resolución del 14 de julio de 2011 mencionada en el punto III del escrito de demanda, y en consecuencia no surge acreditado el peligro en la demora."

"Por las razones expuestas, corresponde, sin que ello importe anticipar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, no hacer lugar al pedido cautelar."