Spinella, Ana Lía contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal

¿Quién es el actor?

Ana Lía Spinella, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la resolución 835.751 del 31-III-2016 que denegó la jubilación ordinaria, dejar sin efecto el cargo deudor por haberes percibidos desde el alta transitoria (1-IX-2009) hasta la baja, y otorgamiento de medida cautelar para mantener el pago del haber jubilatorio y la cobertura médica asistencial hasta sentencia definitiva.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocó la sentencia impugnada en lo debatido. Declaró procedente la medida cautelar solicitada y ordenó al Instituto de Previsión Social abonar a la actora el beneficio jubilatorio dado de baja por la resolución impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitiva, con la exigencia de prestar caución juratoria; las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia impugnada en lo que fue materia de debate. Ello implica declarar procedente la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Instituto de Previsión Social que abone a la accionante el beneficio jubilatorio que le diera de baja por la resolución impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio (arts. 23, ley 13.928, modificada por ley 14.192; 289, CPCC; 22 y conc., CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 inc. 2 del CPCC). A esos fines la parte actora deberá prestar caución juratoria, ante el juzgado de origen, de acuerdo a lo normado por el art. 24 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-." (Voto del Juez Negri, IV y bloque dispositivo)

"La pretensión cautelar solicitada encuentra sustento en el criterio que recientemente ha expuesto esta Suprema Corte en la causa A. 71.219, 'Loray', sent. de 3-V-2018. ... La cuestión bajo análisis -en el marco de la provisionalidad propia del juicio cautelar- permite advertir sin más que se trata de un caso análogo al resuelto por este Tribunal en el precedente ut supra citado, pues los servicios que el ente previsional excluyó al momento de conceder el alta transitoria e incluyó para no asumir el rol de caja otorgante son los del período 5/1994 al 8/1994 y 11/1994 al 10/1998, los cuales se encontrarían comprendidos por las leyes 14.236, 24.476 y 25.321." (Voto del Juez Negri, III)

"Por otra parte, agrego a lo expuesto que la interrupción del beneficio previsional que el ente demandado abonó durante varios años a la actora, así como la pérdida de la cobertura médica asistencial, ante un estado de salud comprometido que ha sido ponderado para hacer lugar a la queja (v. resolución a fs. 135/136) conducen a tener por configurado el requisito del peligro en la demora (art. 22 inc. 'b', ley 12.008, texto según ley 13.101.)." (Voto del Juez Negri, III)

¿Cómo votaron los jueces?

El Juez Soria votó por la negativa. Entre sus fundamentos relevó que, a su criterio, los agravios no evidencian error de juzgamiento y que la Cámara no desconoció la doctrina "Wakun", sino que entendió que el asunto exige mayor debate y prueba, por lo que sostuvo: "Voto por la negativa." (Voto del Juez Soria, conclusiones)